La Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) está en el centro de una investigación de una presunta de red de corrupción que data de 2001 y que habría causado un quebranto de al menos 311 millones de dólares en contra de la paraestatal.
En la pesquisa están implicados los cinco equipos de abogados que han encabezado dicha Dirección en los últimos 13 años, incluido César Nava, el ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón, quien estuvo al frente de la dependencia de Pemex entre 2001 y 2003.
La Secretaría de Energía (SE) y la misma empresa petrolera, a través de sus respectivos órganos de control interno, dependientes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), abrieron las pesquisas en la Oficina del Abogado General de Pemex por supuestos hechos de corrupción, relacionados con que un integrante de esa oficina recibió sobornos por 2 millones 600 mil dólares.
El primero de diciembre de 2012, horas después de que Pedro Joaquín Coldwell fuera nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como titular de Energía, el funcionario federal recibió información detallada de la investigación sobre un caso de corrupción de Siemens en contra de Pemex realizada por el despacho de abogados Maney & González-Félix (M&GF).
Este bufete de abogados, con sede en Houston, Texas, contratado por la paraestatal “para realizar todas las acciones anticorrupción que proceden en contra de la empresa Siemens…”, según el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 7 de noviembre de 2012, dejó al descubierto actos de corrupción en la oficina jurídica de la paraestatal.
Como respuesta al descubrimiento de M&GF, de inmediato, la Oficina del Abogado General de Pemex canceló ese contrato.
En la investigación de los abogados estadunidenses en torno a esa empresa alemana, derivado del caso Conproca (consorcio formado por la empresa SK Engineering de Corea del Sur y Siemens, por lo cual Pemex puso una demanda en Nueva York por 500 millones de dólares y en la que se menciona a César Nava como quien impidió la recuperación de más de 100 millones de dólares) el bufete concluyó:
“Nuestra investigación, hasta la fecha, ha presentado pruebas creíbles de corrupción en la Oficina del Abogado General de Pemex que podría haber dado lugar a un laudo arbitral de 354 millones 200 mil dólares en contra de Pemex”, dice el escrito dirigido por M&GF a Pedro Joaquín Coldwell y del cual Excélsior tiene copia.
El 6 de diciembre de 2012, la gerencia jurídica de Asuntos Internacionales de Pemex canceló anticipadamente el contrato que tenía con los abogados de Maney & González Félix, una vez que el informe de la investigación encargada a este despacho sobre corrupción por parte de la empresa Siemens involucró en hechos ilegales a integrantes de la Oficina del Abogado General de la paraestatal, actualmente Dirección Jurídica.
Las investigaciones del despacho M&GF están relacionadas con el pago de un soborno por 2 millones 600 mil dólares a un funcionario de la oficina jurídica de Pemex en 2004, que derivó en un quebranto a la paraestatal por 311 millones 200 mil dólares, que la petrolera está obligada a pagar a Siemens, según un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.
Con la firma de Xavier Antonio de la Garza, gerente jurídico de Asuntos Internacionales de Pemex, la dirección jurídica de la empresa argumentó que el despacho M&GF había trasgredido el ámbito de las funciones para las que habían sido contratado un mes antes, el 7 de noviembre, que “no existía confianza” en ellos y que, por tal motivo, le cancelaba el contrato.
En el documento DJ-GJAI-270-2012, del cual Excélsior tiene copia, la gerencia jurídica de Asuntos Internacionales de Pemex invoca la cláusula octava del contrato, Terminación Anticipada, que dice: “Las partes únicamente podrán dar por terminado el presente contrato de forma anticipada por las causas siguientes… iii) cuando existan causas que hagan imposible la ejecución del contrato.
“Para tales efectos, la parte que invoque la terminación anticipada, lo hará del conocimiento de la otra mediante comunicación por escrito dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la ocurrencia de los tres supuestos antes señalados”.
En una tarjeta informativa titulada “negociación a la baja por corrupción del laudo Conproca contra Pemex”, entregada al titular de Energía, se informa que el 12 de diciembre de 2012 el entonces encargado del Órgano de Control Interno de Pemex, César Alejandro Chávez (actualmente el cargo es de Antonio Domínguez Sagols), la contralora de la SE y dos abogados más de la contraloría de Pemex se reunieron con uno de los socios de la firma de abogados para hablar del tema de la investigación del despacho M&GF.
Se le informó en esa tarjeta a Pedro Joaquín Coldwell que Chávez Flores “dejó clara su preocupación de que se estuviera pensando que la Oficina del Abogado General de Pemex estaba tratando de ocultar los hechos de corrupción y de no realizar las acciones legales correspondientes”.
En los últimos doce años han ocupado el cargo de abogado general de la paraestatal César Nava, ex secretario particular de Felipe Calderón cuando éste fue presidente de México (2001-2003); Juan Carlos Soriano Rosas (2003-2004); Néstor García Reza (2004-2010); Iván Aleksei Alemán Loza (diciembre de 2010 a febrero de 2011), y desde marzo de 2011 hasta la fecha, Marco Antonio de la Peña Sánchez, quien trabajó con Calderón cuando fue director de Banobras en el sexenio de Vicente Fox.
Desde hace años se ha hecho pública una serie de casos de supuesta corrupción que han sido ligados a la tarea de la Oficina del Abogado General de Pemex, como contratos de plataformas llamadas Jack-up, indebidas aprobaciones de la condición de “casos fortuitos” para no multar a prestadores de servicios ni rescindir sus contratos y la contratación de despachos jurídicos sin razón aparente.
Pero el caso emblemático que detonó la investigación de las autoridades federales sobre el trabajo de la Oficina del Abogado General es el manejo jurídico que ésta le ha dado al caso del contrato con el consorcio Conproca y, en particular, a la empresa Siemens, que causó un quebranto patrimonial a Pemex por 311 millones 200 mil dólares que la petrolera tiene que pagar.
Conproca fue el consorcio encargado de la reconfiguración de la refinería Cadereyta, en el estado de Nuevo León, que se inició en 1997 y concluyó oficialmente el 31 de diciembre de 2001, aunque con incumplimiento de parte de Conproca. El costo original de esta obra fue tasado en mil millones 618 mil 352 dólares, aunque tuvo un costo final total de 2 mil millones 461 mil 340 dólares, según información de Pemex.
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(Excélsior)
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