Foto: Olga Sánchez Cordero.
Al inaugurar el Seminario sobre el Derecho a la Reparación por Violaciones a Derechos Humanos, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), la Ministra Olga Sánchez Cordero afirmó que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año pasado, lo que se pretende es evitar que el Estado actúe de manera negligente y viole los derechos humanos de sus gobernados.
Por ello, dijo, las autoridades, “desde nuestros ámbitos y funciones, debemos velar porque los derechos humanos, que nos permiten desarrollar cabalmente nuestro proyecto de vida, se hagan efectivos”.
Concretamente, dijo, la Constitución Federal pretende es evitar que el Estado llegue al punto de violar un derecho humano. Y de ser así, agregó, surge el deber de reparar el daño de las víctimas.
Recordó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011, tiene como eje rector incrementar, bajo distintos mecanismos, la posibilidad de que toda persona goce, de manera efectiva, de los derechos humanos y acceda a ellos en condiciones de igualdad.
“Algo muy importante en esta reforma es establecer que el Estado tiene deberes y obligaciones en materia de reparación de derechos humanos, ya que no estamos exentos los humanos de cometer errores, pero es determinante para el buen funcionamiento de la administración y para el respeto de los gobernados que el Estado, cuando se equivoca y afecta el coto vedado de los derechos, repare las violaciones de la manera más adecuada conforme lo establezcan la propia Constitución y la Ley”, destacó.
La Ministra Sánchez Cordero explicó que la reparación del daño se refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de las violaciones.
En este sentido, comentó que no es muy difícil restituir después de haber sido violados los derechos de las víctimas y, prueba de ello, está en las condenas dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH).
Hizo saber que una violación de derechos humanos no solo daña a las personas que las sufren, que son víctimas directas, sino que afecta irreversiblemente a sus familias, amistades y comunidad. “No debemos perder esta dimensión y, por tanto, debemos tenerla presente en el momento de determinar las medidas de reparación”.
Por su parte, la Procuradora Social de Atención a las Víctimas de Delitos, Sara Irene Herrerías, agradeció al Poder Judicial de la Federación (PJF) compartir la experiencia entre ambas instituciones, en lo que respecta al Derecho a la Reparación por Violaciones a Derechos Humanos.
“En esta consolidación de un sistema universal de protección a las víctimas, estamos construyendo un sistema que garantice la protección integral en los derechos de las víctimas, desde el punto de vista jurídico, así como en reintegrar la perdida de la cotidianeidad que la víctima pueda regresar a su vida diaria a través del apoyo social y médico”, abundó.
El Seminario sobre el Derecho a la Reparación por Violaciones a Derechos Humanos se impartirá los días 5,12,19 y 26 de septiembre y 3, 10 y 17 de octubre del año en curso, en la sede alterna del Alto Tribunal Constitucional, y tiene como objetivo analizar las implicaciones de la reforma constitucional sobre Derechos Humanos en el tema de reparaciones a las víctimas de derechos humanos así como identificar estándares internacionales en materia de reparación a las víctimas.
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