El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de la entidad.
Ello luego de que el pasado 4 de junio la defensora sostuviera una huelga de hambre frente a la sede de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para exigir a las autoridades actuar con la debida diligencia, ya que el violador de su hija fue juzgado por estupro pese a todas las pruebas que demostraban la violación.
El pasado 14 de mayo, Ricardo Meneses fue sentenciado a tres años un mes de prisión por estupro y corrupción de menores y no por violación sexual. La activista denunció que las pruebas periciales que demuestran la violación no fueron incluidas en el expediente del caso. En tanto, el agresor está en libertad debido a que se amparó ante la sentencia, explicó Sánchez López.
Vía telefónica, la defensora relató que el pasado miércoles 18 de junio se trasladó a Jalisco acompañada de representantes de la CEAV, para reunirse con el fiscal e informarle sobre las supuestas irregularidades del caso.
Tras ocho horas de ayuno, la CEAV se comprometió con Gabriela a gestionar un encuentro con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero no se concretó y en su lugar la defensora humanitaria se reunió con Luis Carlos Nájera y con Lizbeth del Carmen Hernández Navarro, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía del estado.
De acuerdo con la dirigente de la organización civil Madres Afortunadas, Nájera Gutiérrez se comprometió a llamar a los magistrados del estado para “hacerles saber que el delito por el que se debe juzgar es violación y que deben tomar en cuenta la discapacidad visual y mental que padece” la hija de la activista.
También hizo el compromiso expreso de investigar y sancionar a los agentes del Ministerio Público (MP) que incurrieron en irregularidades y en su caso “sancionar al juez” que dictó la sentencia por estupro.
Por ello, pidió a Sánchez López “poner todo en manos de la fiscal de Derechos Humanos”. Hernández Navarro pidió a la defensora volver la próxima semana a Jalisco para establecer los acuerdos por escrito, pues el pasado miércoles “sólo le dieron su palabra, ya que teníamos el tiempo limitado para volver ese mismo día a la Ciudad de México”.
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(CIMAC)
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