Foto: Senado
La senadora perredista Iris Vianey Mendoza Mendoza, propuso la constitución de una Comisión Especial que organice y dirija estudios y análisis del procedimiento especial de dictamen que se inicie con motivo de la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones (ACTA) -por sus siglas en inglés-, por parte del Ejecutivo federal.
De igual forma, pidió que la Junta de Coordinación Política someta a la aprobación del Pleno del Senado la creación de dicho grupo para que desahogue, al respecto, una amplia consulta con expertos, académicos y representantes de organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.
La legisladora recordó que el pasado 11 de julio, el Ejecutivo federal firmó el ACTA, a través del embajador de México en Japón –país depositario de dicho instrumento–, en respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global.
Sin embargo, subrayó, desde que comenzó a negociarse en 2007 por la mayoría de los países de la OCDE, más allá de sus aparentes propósitos, son evidentes los graves vicios de validez en el contenido del ACTA y en su proceso de negociación.
Destacó que además, el Senado no fue notificado formalmente respecto al inicio, avance y estado de las negociaciones, menos aún sobre los alcances y compromisos que implica, así como las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse.
Advirtió que ante ello, la ratificación del ACTA indudablemente significaría para México la obligación de modificar y ajustar su legislación nacional, además de que prevé la adopción de medidas expeditas para prevenir y disuadir violaciones al derecho de propiedad intelectual.
Por primera vez en la historia de la humanidad–añadió–, las tecnologías de la información y comunicación hacen posible la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, pero para que esa igualdad sea real es preciso que se garantice también la universalidad de la banda ancha.
“Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la red equivale al principio de igualdad y no discriminación de los usuarios de la red y su defensa es esencial para evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos”, aclaró.
Señaló que es patente el peligro de que los acuerdos de ACTA se utilicen como pretexto la censura de contenidos en Internet, por ejemplo del cierre directo de blogs, apoyándose en el no respeto del copyright de alguna imagen o texto.
Finalmente, sostuvo que en el tratado no existe un bondadoso interés de combatir piratería; más bien, anima el espíritu de proteger los intereses comerciales de empresas culturales monopólicas.
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