Foto: Senado
El senador Roberto Gil Zuarth, de Acción Nacional, presentó una iniciativa para regular las encuestas o sondeos de opinión en materia electoral e incrementar la calidad y transparencia de la información que presentan.
Mediante reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales pidió que se considere como una transgresión a la ley la difusión de encuestas sobre asuntos electorales con datos falsos o incumpliendo, parcial o totalmente, con las obligaciones establecidas.
El legislador planteó una sanción de 10 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años a quien durante el día previo a la elección y hasta la hora oficial del cierre de las casillas publique o difunda por cualquier medio los resultados de los sondeos que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.
Al exponer los alcances de su propuesta, Gil Zuarth sugirió que la autoridad electoral publique los nombres de las personas físicas o morales que pretendan realizar las investigaciones y su récord histórico comparado con los resultados oficiales.
Lo anterior, a fin de incentivar a un mayor rigor técnico en el levantamiento y proyecciones que se realicen, y que los ciudadanos decidan qué grado de confiabilidad otorgan a los datos que inevitablemente fluyen en el debate público.
Además, estimó indispensable que el Consejo General del IFE instituya un Comité Técnico de Encuestas y Sondeos de Opinión, integrado por cinco especialistas, con facultades para emitir los lineamientos y criterios de carácter científico que deberán seguir las personas que las realicen o publiquen.
En la tribuna, el legislador argumentó que durante la reciente campaña presidencial “parece haberse difuminado la frontera entre la finalidad informativa y la utilización propagandística de las encuestas electorales”.
La sensible disparidad que estos ejercicios mostraron a lo largo de la campaña –agregó–, así como su intensa presencia en algunos medios de comunicación electrónicos y escritos, ha abierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles jurídicos sobre este tipo de instrumentos.
En este sentido, manifestó que los ciudadanos carecen de elementos para distinguir cuáles de esas investigaciones demoscópicas han sido elaboradas sobre criterios científicos, de modo que aumenta la probabilidad de que respondan a propósitos de propaganda, para inducir la voluntad de los electores a favor o en contra de partidos o candidatos.
La propuesta se analizará en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos.
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