Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas emitió un comunicado donde expresa su sentir por la inmunidad que le otorgaron al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, ya que lo consideran como una política de encubrimiento.
Diario Jurídico México publica el comunicado íntegro.
Inmunidad a Zedillo, política de encubrimiento
Sobre la inmunidad a Zedillo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, expresa:
Este Centro de Derechos Humanos, como representante legal y copeticionario de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (en adelante Las Abejas) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) NO ha presentado la demanda civil contra Ernesto Zedillo Ponce de León en New Haven Connecticut, Estados Unidos.
Desde el 22 de septiembre del 2011, en el comunicado que cada mes emiten Las Abejas, se informó ante la opinión pública, que dicha demanda no la presentaron ellos, pues no corresponde a su forma de actuar, ya que los diez demandantes anónimos en Connecticut, buscan una reparación de 50 mil dólares, contrario a la postura de Las Abejas que durante todos estos años ha mantenido la exigencia de justicia, verdad, no repetición, castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre y reparación integral.
Para nosotros es claro que quienes interpusieron la demanda civil en Estados Unidos no tienen la misma motivación de las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, sino que responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del Estado mexicano.
Los grupos en el poder en el año 1994 pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron quienes ejecutaron el plan contrainsurgente contenido en el manual de guerra Plan de Campaña Chiapas 94’, elaborado por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena); después, en el simulacro de alternancia de poder los grupos vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) se encargaron de proteger a los autores intelectuales del PRI.
Vicente Fox Quezada como presidente de la república, con un militar en la Procuraduría General de la República Rafael Macedo de la Concha, se encargaron de cerrar la Unidad especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados, sin ningún informe sobre el trabajo realizado.
Los resultados de todas estas investigaciones no se conocieron para mantener también en secreto las indagatorias que apuntaran a la existencia y a la dinámica de los grupos paramilitares, documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Al gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tocó ordenar la excarcelación de los autores materiales procesados por estos hechos, beneficiándolos con la libertad.
En Chiapas, bajo la camiseta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) el gobernador Juan José Sabines Guerrero en el 2007, abrió una nueva Fiscalía para investigar los hechos de Acteal. Sin embargo, en lugar de cumplir la finalidad para la que fue creada; facilitó a los abogados de los demandantes anónimos en Connecticut, una prueba presentada como anexo, el cual es un balance de información de las indagatorias efectuadas por dicha fiscalía. También el mismo gobierno de Juan Sabines proporcionó tierras, viviendas a los perpetradores materiales excarcelados por la SCJN.
Para el Frayba, es indignante que integrantes del PRI, PAN, PRD instrumentalicen a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos para sus fines políticos e intereses económicos. Es evidente cuando el Estado mexicano facilitó las pruebas contra Zedillo y al mismo tiempo pide su inmunidad.
Estamos en contra de que se otorgue impunidad a Zedillo, a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, quienes en la cadena de mando, tuvieron conocimiento y actuaron por acción y omisión. Afirmamos que Ernesto Zedillo Ponce de León como comandante supremo de las fuerzas armadas en el país, es plenamente responsable por acción y omisión de la Masacre de Acteal al implementar una política de contrainsurgencia en el estado de Chiapas.
Conceder la inmunidad, implica violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y tendrá como resultado, proteger y encubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Para concluir queremos ser enfáticos que, junto con Las Abejas, seguiremos en la lucha para alcanzar justicia, verdad, reparación integral y no repetición de los hechos a través de la petición admitida ante la CIDH y la construcción de otra justicia desde la dignidad de los pueblos que crean alternativas de vida, donde sepultemos la cultura de la masacre, violencia estructural y discriminación contra los pueblos.
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