Foto: Cámara de Senadores
La Comisión Técnica de senadores encargada de analizar la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental aprobó el informe de observaciones a la iniciativa preferente enviada por el presidente Felipe Calderón el primero de septiembre.
El documento sería turnado a la Mesa Directiva, quien decidirá el momento en que lo someta a la consideración del pleno senatorial.
Una de las coordinadoras del grupo de trabajo, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz, informó que en la última semana se realizó un análisis puntual que permitió conocer la integración de la contabilidad.
En este proceso, dijo, se previó la gradualidad en la aplicación de la norma, se discutieron ampliamente las implicaciones de las sanciones y se revisaron los alcances que tienen que ver con la transparencia y la publicidad de la información.
Nuestro interés –subrayó– siempre fue hacer las cosas de manera objetiva, en tiempo y forma, para lograr lo que finalmente queremos, que es el orden, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
El senador panista Carlos Mendoza Davis, hizo notar que “hemos alcanzado un gran acuerdo”, porque se agotaron cada uno de los preceptos de la iniciativa preferente y hubo una estupenda participación de todos.
Desde el principio todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Comisión Técnica manifestaron sin reserva su posición favorable con relación a la sustancia que pretende reformar esta iniciativa, precisó.
Por su parte, el también coordinador de la Comisión, el senador perredista Armando Ríos Piter consideró que se dio un “pequeño avance” de la revisión que el Senado tiene que hacer para discutir un verdadero sistema de rendición de cuentas que evite la fragmentación entre los instrumentos normativos actuales.
Advirtió que es limitado el avance porque se deben robustecer otros ordenamientos como la Ley General de Deuda Pública o la de presupuestación.
Lo más trascendente –reconoció– es revisar los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para garantizar que la transparencia sea una realidad en todos los ámbitos de la vida pública.
A su vez, la senadora Ninfa Salinas Sada, del PVEM, dijo que se hicieron modificaciones para que el Consejo Nacional de Armonización Contable esté facultado para presentar un informe sobre el avance de la aplicación de la ley, así como para emitir recomendaciones al Congreso sobre las modificaciones que podrían realizarse para mejorar la aplicación.
Asimismo, destacó que se estableció que toda la información que se publique por los entes públicos se base en normas, estructuras y formatos comunes, y que en el apartado en que se pedía que todo fuera electrónico, se salvaguardó un espacio para los casos en que no se tenga servicio bancario, y con ello, no incumpla la ley.
Los integrantes de la Comisión Técnica plantearon varios cambios al texto original, entre ellos resolvieron imponer una pena de dos a siete años de prisión y multa de mil a 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito federal, a quien cause daño a la hacienda pública o al patrimonio, no lo evite o no lo informe a su superior jerárquico.
Además, propusieron que los entes públicos colocarán en internet la información sobre los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario y el monto recibido.
Comentarios recientes