Foto: PGR
La Procuraduría General de la República, a través de su Delegación en Guanajuato, inició el Proyecto Diamante, con la finalidad de consolidar un sistema uniforme de criterios que maximicen las capacidades del personal del Ministerio Público de la Federación, peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial, en protocolos de actuación homogéneos, informa mediante un boletín estatal la PGR.
Los ejes temáticos que conforman la instrucción son: derecho procesal comparado, juicio oral, investigación formalizada, apertura, interrogatorio y contrainterrogatorio, objeciones y alegatos, inteligencia, entrevista, policía investigador como testigo, técnicas de investigación y cateos, registro, captura y evidencia electrónica, entre otros.
El objetivo del Proyecto Diamante, es consolidar un sistema uniforme de criterios que maximicen las capacidades del personal sustantivo de la institución, a través de protocolos de actuación homogéneo, para transitar con éxito al nuevo sistema de justicia penal acusatorio-adversarial, sustentado en la Reforma Constitucional en materia penal publicada en junio de 2008.
Como se dio a conocer el pasado día 7, este proyecto se lleva cabo simultáneamente en las 32 representaciones de la Procuraduría General de la República en el país, a través de 12 módulos y 320 horas de capacitación para las ramas sustantivas de la institución.
En el estado de Guanajuato, se inicio la implementación del Proyecto Diamante en donde se capacitará a los Representantes Sociales de la Federación, policías federales ministeriales y peritos que prestan sus servicios en la Delegación de la PGR en la entidad.
El Proyecto Diamante es uno de los 23 que integran la Iniciativa Mérida y refleja el compromiso de México y los Estados Unidos en el combate a la delincuencia organizada transnacional que afecta a ambas naciones; su pilar es la desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en ambos países; el fortalecimiento de las instituciones públicas responsables del combate a la delincuencia organizada; el desarrollo de una frontera segura y competitiva para el Siglo XXI y el fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de ambos países.
De esta manera, el Gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República, refrenda su compromiso de capacitar integralmente a los miembros de las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.
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