Foto: RRC
Juan Pablo Olmedo, secretario ejecutivo de la Red Parlamentaria Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, propuso tres medidas prácticas para impulsar la rendición de cuentas en los órganos legislativos de la región.
En su ponencia “Rendición de Cuentas en el Poder Legislativo”, dentro del Seminario Internacional Desafíos de la Rendición de Cuentas en América Latina, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas en el Hotel Royal Pedregal, el especialista señaló que la primera medida es, precisamente, generar el debate nacional a partir de espacios como este foro.
En segundo lugar, a nivel regional, recomendó utilizar las herramientas que ya están disponibles en sus marcos legales.
Por ejemplo, en el ámbito hemisférico, el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) establece en su programa anual la consideración de temas de interés colectivo, para fortalecer líneas de acción y cooperación entre los Estados.
De hecho, ya ha hecho ejercicio de esta competencia. En 2011 resolvió establecer una metodología para la consideración de temas de interés colectivo sobre la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate a la Transparencia.
“Aquí me parece que está abierta la cancha. ¡Está lista! Aquí el comité de expertos debiera, y debiéramos, impulsarlo para que retome el llamado de la OEA de 2005 y en 2013 incorpore una metodología para la consideración de la noción de responsabilidad de los congresos en el combate a la corrupción. Está cantado, básicamente”.
Para que la medida anterior sea exitosa, se requiere una tercera, que es ir acompañado de una representación colectiva, de los referentes profesionales y parlamentarios y esto sería una notable noción de interés público, que además reivindica a la OEA.
Olmedo, quien también se desempeñó como el primer presidente del consejo para la Transparencia en Chile, enumeró los diversos ámbitos en los que los órganos legislativos deben rendir cuentas. En primer lugar, comentó en su actividad primaria, que es la legislativa.
Explicó que los puestos de elección popular son de los pocos espacios que no exigen una preparación legal. Además la naturaleza del cargo tiene falta de enfoque. Por lo tanto es una función totalmente desprotegida en este sentido.
Por ello se debe revisar todo el quehacer de la función parlamentaria individual que puede generar un conflicto de interés, además de implementar códigos de buenas prácticas y establecer un sistema de sanciones.
Este Seminario, ha buscado aprender acerca de los diferentes casos de otros países, entre ellos el de Brasil, y ha sido coorganizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Escuela Mexicana de Archivos (EMAAC).
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