Foto: CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que en el Poder Legislativo urge concretar reformas y leyes en materia de protección y atención a víctimas, sistema penitenciario, implementación del sistema de justicia penal acusatorio a nivel federal, la ley de Seguridad Nacional y mandos policíacos estatales.
Subrayó que la nueva legislación contra el Lavado de Dinero, que acaba de aprobar el Congreso, “es una muy buena señal, es un factor crítico contra el crimen organizado. Se han tomado en cuenta las inquietudes y propuestas del sector privado y vamos a cooperar al 100 por ciento”.
Indicó que en esta tarea, hay que reforzar la estructura de inteligencia de las autoridades fiscales y financieras. “Estamos recomendando revisar los programas de ayuda internacional, en el marco de la Iniciativa Mérida, garantizando su estricto apego al ordenamiento jurídico mexicano. Es preciso frenar el contrabando de armas y mercancías, y tener más control en la cadena de comercio exterior mexicana, para que no sea vulnerada por el crimen organizado”, dijo en el espacio de opinión del organismo.
Uno de los mayores desafíos está en la corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno. Y pidió, que se conserve el Consejo Nacional de Seguridad Pública, asimismo, reforzar el Sistema Nacional de Inteligencia, con una restructuración del CISEN sobre sus funciones originales.
Manifestó que a pesar de los esfuerzos que las autoridades y la sociedad han realizado en esta materia, los resultados son insuficientes. “Diariamente tienen lugar sucesos que dan cuenta de debilidad y descoordinación institucional, así como del alto grado de criminalidad, violencia e impunidad que persisten en prácticamente todas las entidades de la República”, dijo.
Señaló que en el país seguimos con prioridades legislativas postergadas, lentitud en la transformación de los cuerpos policiales y las instituciones de procuración e impartición de justicia, y con un sistema penitenciario en crisis profunda. Junto a ello, se presentan violaciones a derechos humanos, desatención y ausencia de reparación de daños a víctimas.
Las denuncias de delitos de alto impacto han presentado un alto incremento en los últimos cinco años. En homicidios dolosos, crecieron 90 por ciento. A esto hay que sumar la «cifra negra» del delito, que de acuerdo con las encuestas, ronda el 92 por ciento.
En México, la probabilidad de condena para los delincuentes es de menos de 2 por ciento.
Los cálculos del número de asesinatos desde principios de 2006 a la fecha ascienden aproximadamente a 70 mil, con menos de un sentenciado por cada 100 de los responsables.
“Hay muchos pendientes que exigen definiciones y compromisos puntuales”, puntualizó.
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