Foto: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los amparos promovidos por Israel Arzate Meléndez acusado por el Ejército mexicano de participar en la matanza de 15 jóvenes en la colonia Villas Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (Centro Prodh), que lleva la defensa de Arzate Meléndez argumenta que en su caso existieron graves violaciones a los derechos humanos desde su detención.
El Centro Prodh precisó que el joven fue detenido el 3 de febrero del 2010 alrededor de las 16:30 horas, y fue presentado hasta el día siguiente a las 21:50 por los militares que lo detuvieron en supuesta flagrancia unas horas antes.
Arzate Meléndez fue detenido 3 días después de la matanza de adolescentes en Salvácar por elementos del Ejército y trasladado a instalaciones militares de Ciudad Juárez con los ojos vendados, donde fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante más de 24 horas, de acuerdo con las demandas de amparo.
A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, la primera sala de la corte consideró que el asunto reúne los requisitos de relevancia y trascendencia para ser resuelto por el máximo tribunal, ya que plantea el análisis de violaciones a derechos constitucionales como el debido proceso y de presunción de inocencia.
En la demanda de amparo se establece que Arzate de 26 años recibió choques eléctricos en el pecho y el abdomen y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para producirle asfixia, además de permanecer incomunicado, actos que fueron confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los militares pretendieron justificar la detención asegurando que habían encontrado al inculpado en posesión de una camioneta tipo Jeep con reporte de robo y pese a las inconsistencias su detención se calificó de legal y se reportó la realización de un examen médico en el que no se acreditaron lesiones.
Pese haber sido puesto a disposición del ministerio publico, Israel Arzate quedó bajo custodia de las fuerzas armadas en la guarnición militar de Ciudad Juárez, donde el 5 de febrero realizó una diligencia en la que bajo torturas física y psicológica, amenazaron violar a su esposa y fue obligado a auto inculparse por el homicidio de 15 personas y de tentativa de homicidio de otras diez, de acuerdo con la demanda.
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