Quienes hemos transitado por las carreteras de Coahuila, donde se encuentra el municipio de Progreso, no podemos sino indignarnos cuando se trata de sorprendernos con lo de la sustracción del cuerpo del Heriberto Lazcano y su acompañante, que según versión, fueron “abatidos” por un comando de Marina cuando se encontraban presenciando un partido de béisbol en un modesto parque de dicho municipio.
El robo del cadáver que se encontraba en una funeraria en Sabinas, ocurrió después de que se les practicara la autopsia por médicos legistas en presencia de un agente del Ministerio Público, todos procedentes de Monclova. Posteriormente se alejaron los marinos que entregaron el cuerpo y lo dejaron en el velatorio sin vigilancia alguna.
Lo primero que extraña es por que, en lugar de trasladar personal de Monclova a Sabinas, no fue al contrario, los cuerpos al lugar donde se tienen instalaciones y equipo humano para llevar a efecto tal operación. Lo segundo es el porque el ministerio público al conocer la existencia de un probable delito, no tomó las providencias para resguardar los cadáveres sometidos a la investigación.
Resulta inconcebible también aceptar que los marinos entregaran los cuerpos a una funeraria. Se dice que porque no tenían la mínima idea de que se trataba de “El Lazca” y, entonces porque a pesar de que declararon que la víctima también les había disparado, ello no los obligó a que los llevaran a una ciudad de la importancia de Monclova para entregarlos a la autoridad competente. La logística más elemental hubiera aconsejado este procedimiento.
Aceptando, el hecho absurdo de una necropsia en un lugar privado, es imposible aceptar el robo de dos cuerpos en una funeraria sin vigilancia, una vez fotografiados y levantada el acta de los legistas en presencia del ministerio público, y que éste no hubiera iniciado la averiguación con el aseguramiento del objeto material del delito.
Se supone que quien robó los cuerpos tendría interés de velarlos y darles sepultura en las condiciones en las que debería hacerse. Es increíble que pensaran en una inhumación clandestina en lugar cercano que fácilmente sería descubierta. Igual o peor conflicto hubiera acarreado mantener el cuerpo oculto con las consecuencias de la descomposición y la fácil detección de ello en cualquier lugar que se encontrara.
Así topamos con lo que hemos llamado la parafernalia de los llamados: “retenes móviles y fijos” que han proliferado en todo México pero, sobre todo, si se tiene la ocurrencia de trasladarse por la carretera número 57 a un punto fronterizo, o regresar al centro del país.
De la Ciudad de México a Acuña no hay menos de diez retenes que significan para el viajante o transportista un desperdicio de entre dos y tres horas porque, a discreción de un soldado, marino o policía federal, tiene uno que acceder a descender del vehículo después de haberse mantenido por kilómetros a vuelta de rueda para ser inspeccionado.
De regreso es el mismo vía crucis por lo que si los cuerpos de Lazcano y su acompañante se pretendían trasladar al estado de Hidalgo, hubieran tenido que pasar estas aduanas en forma desapercibida. Sobre todo la que se encuentra en el km. 34 antes de Querétaro, donde, la policía federal llega a acumular filas de diez kilómetros de vehículos en espera de revisión y a la mínima sospecha abren cajuelas y bajan equipaje.
De acuerdo con la ley, Heriberto Lazcano es todavía un desaparecido. “El Lazca” y su acompañante, en caso de haber sido abatidos, tuvieron que pasar diez retenes sin ser descubiertos, lo que nos lleva a las siguientes conclusiones:
a) Los retenes no sirven sino para cubrir las apariencias, gastar dinero, torturar a los ciudadanos y generar contaminación en las interminables colas de vehículos obligados a esperar.
b) Nadie ha dado cuenta de que han logrado y cuánto le cuestan al pueblo.
c) Lo único cierto es que no solo violan la garantía de libertad de tránsito, sino, también, son una carga de tiempo para el ciudadano, atentado a la ecología y costo para el presupuesto público.
No aparece el cuerpo de Heriberto Lazcano. Ojala la evidencia sirva para erradicar la lacra de los retenes. Nos parece inverosímil que un criminal de esa peligrosidad como lo anuncia Calderón, haya podido estar solo con dos escoltas en las gradas de un modestísimo parque de béisbol a las dos de la tarde en el pueblo más pobre del estado de Coahuila, y haya tenido que ir a su camioneta para obtener las armas que se dice disparó en su defensa.
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