Foto: Senado
La Comisión de Justicia, que preside el senador panista Roberto Gil Zuarth, recibió a la terna de aspirantes enviada por el presidente de la República para cubrir la vacante del ministro Guillermo Iberio Ortíz Mayagoitia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los magistrados Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio, expusieron las razones sobre la idoneidad de sus candidaturas para sustituir al ministro Mayagoitia, cuyo período de gestión concluye el 30 de noviembre.
En su exposición, Baráibar Constantino resaltó que en la solución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, la Corte procura el sano equilibrio de los poderes, “por lo que sus decisiones deben ser ponderadas con prudencia y con estricto apego” a la Carta Magna, pues “inciden en la adecuada gobernabilidad del país”.
Al resolver conflictos en materia de seguridad, economía, comunicaciones y derechos sociales, el tribunal contribuye a la paz y tranquilidad de los mexicanos y por ello sus integrantes deben actuar con la mayor sensibilidad, a fin de garantizar la convivencia –sin excepción– de todos los gobernados.
Los senadores priistas Miguel Romo Medina y Omar Fayad Meneses preguntaron al magistrado si se deben acatar “irremediablemente” los criterios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado a reabrir los casos en los que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos, o si se tiene que respetar la cosa juzgada.
Baráibar Constantino destacó que, como garante de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, al interpretar las normas relativas el máximo tribunal debe “velar en todo momento por la supremacía constitucional en la vigencia del orden jurídico nacional”.
A la interrogante del senador panista Raúl Gracia Guzmán sobre cómo legitimar la actuación de la Suprema Corte ante una sociedad que requiere un Poder Judicial fuerte, expresó que las sentencias tienen que estar apegadas a la Carta Magna y a las leyes que de ella emanan, así como a los principios de transparencia y publicidad.
A su vez, los senadores perredistas Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís cuestionaron al juez sus “fallos polémicos” en los procesos de Raúl Salinas de Gortari y del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva.
En respuesta, manifestó que en sus determinaciones no toma en cuenta “nombres” ni “investiduras” y volvería a dictar las mismas resoluciones.
En el caso del hermano del ex presidente, enfatizó, “no existieron las pruebas suficientes y la investigación que realizó el Ministerio Público fue eficiente”.
Por su parte, la magistrada Emma Meza Fonseca señaló que es participe de “un activismo judicial mesurado que se decante por el principio de presunción de inconstitucionalidad de la ley”.
Consideró que “la globalización de la justicia” no implica la pérdida de la soberanía del Estado mexicano, por lo que nuestro país debe dar cumplimiento a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Posteriormente, fue interrogada por los senadores Omar Fayad Meneses y Ricardo Barroso Agramont, del PRI; Raúl Gracia Guzmán, del PAN; Dolores Padierna Luna y Manuel Camacho Solís, del PRD, y David Monreal Ávila, del PT.
Los legisladores le pidieron su opinión sobre la equidad de género, ataques a la libertad de expresión, la figura del arraigo, testigos protegidos y adopción de menores por parte de los matrimonios del mismo sexo.
Al dar respuesta a los cuestionamientos, Meza Fonseca expresó que la Corte ha sido “vanguardista” en el tema de equidad de género, pues se ha sensibilizado y capacitado para atender casos con esa problemática.
En cuanto a la legalización del aborto, dijo, los estados tienen libertad de legislar de acuerdo a su realidad social.
Sobre los ataques a la libertad de expresión, estimó que la subprocuraduría de Atención a Periodistas ha resultado “insuficiente” dado que cada vez hay más periodistas muertos en el ejercicio de su función, además de que los estados de la República “no hacen nada” por sus comunicadores.
En el tema del arraigo, expuso que se trata de una figura “muy cuestionada” pero “constitucional”, por lo que debe analizarse a la luz de los tratados internacionales.
Asimismo –añadió– se ha “abusado mucho” del tópico de testigos protegidos, debido a que la ley sobre la delincuencia organizada le otorga demasiados beneficios.
La magistrada se manifestó a favor de que los matrimonios del mismo sexo puedan adoptar a menores de edad, siempre que se busque el interés superior del niño, por lo que las leyes determinarán “con mucho cuidado” cuando puede adoptarse a una persona.
Por su parte, Rosa María Temblador Vidrio afirmó que no tiene preferencias políticas “con persona o institución alguna” y en el ejercicio de su carrera se ha distinguido con honorabilidad y autonomía, “lo que asegura que mis decisiones se encuentran regidas únicamente por el derecho y la justicia”.
Dijo que por equidad y género, su elección es pertinente porque en la actualidad solamente dos mujeres forman parte del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una de ellas ya está próxima al retiro.
A pregunta del senador David Monreal Ávila, del PT, la magistrada aseguró que sería procedente el juicio de amparo en contra de una reforma laboral que conculque derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, en el caso de que llegue el asunto a la SCJN y una vez que se agoten todos los medios ordinarios de la justicia laboral.
Luego de que el senador Carlos Mendoza Davis, de Acción Nacional, la cuestionará sobre el alcance que tiene el derecho a la vida, recordó que en varios foros ha reiterado que desde el momento de la concepción éste se tiene que proteger, como lo establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Según el procedimiento para la elección de los dos ministros, la Comisión de Justicia presentará a la consideración del pleno un dictamen por cada terna relativo a los requisitos de elegibilidad, que deberán publicarse –junto con los expedientes de los seis candidatos– en la Gaceta del Senado, por lo menos 24 horas antes de la sesión en la que se sometan a discusión.
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