Foto: ONU
El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de mas de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.
El Comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité -expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México.
Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales. Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales. Ejemplo de ello, señalado por diversos expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar. El Comité consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal.
Por otra parte se señaló que no es admisible que la PGR “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho instrumento para detectar casos de tortura, carecen de independencia al depender de la misma PGR, institución muchas veces señalada por incurrir en violaciones a derechos humanos. Los expertos también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la CNDH.
Un tema de particular preocupación fue la figura del arraigo, la cual permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales. La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos.
Al respecto, los expertos haciendo referencia a la información presentada por diversas ONG, expresaron su preocupación por la aplicación del arraigo en instalaciones militares y el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo las cuales pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura. Igualmente sobre la falta de protección judicial en casos de arraigo, el Relator del Comité para México, Fernando Mariño, manifestó, “las estadísticas son abrumadoras” al evidenciar que de 6102 juicios de amparo interpuestos contra órdenes de arraigo, en sólo 188 fue concedida la protección de la justicia federal. En palabras de la experta Essadia Belmir, “es una violación flagrante de derechos humanos… ¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”
El Comité planteó asimismo su preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados. En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de información” en el informe presentado por el Estado y pidió información sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.
Los expertos también hicieron hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2011.
Las organizaciones mexicanas e internacionales recordaron que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país.
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