Foto: Senado
El Senado de la República cumplió con la importante responsabilidad de resolver la primera iniciativa preferente en la historia del Congreso de la Unión, al dar luz verde al dictamen que modifica y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, anunció la aprobación del decreto y lo remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.
El dictamen de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, que contiene los cambios a los artículos 8, 9, 23, 77, 80, 85 y Cuarto Transitorio propuestos por la colegisladora, fue avalado con 107 votos a favor y 5 en contra.
La reforma está encaminada a transparentar el gasto en todos los órdenes de gobierno y cerrarle espacios a la corrupción y al desvío de recursos públicos.
Además, establece reglas para armonizar la información financiera relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos que se ejercen a nivel federal, estatal y municipal, así como para la implantación y operación del presupuesto basado en resultados y de un sistema de evaluación del mismo.
Para ello, sugiere que la Secretaría de Hacienda y las dependencias equivalentes en los gobiernos locales faciliten el acceso a la información financiera de todos sus entes públicos, a través de enlaces electrónicos en sus páginas de Internet.
Con los cambios propuestos por la colegisladora, los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres podrán acceder a recursos federales dirigidos a capacitación y desarrollo técnico para la implementación de la ley.
Se precisa, entre otros puntos, que los formatos para la presentación de los bienes que componen el patrimonio de los entes públicos son electrónicos y se agregan como criterios de evaluación los indicadores que se establecen en la Ley General de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Además, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley incluido en el proyecto de decreto a más tardar el último día hábil de febrero de 2013.
De esta manera, los senadores concluyeron el procedimiento legislativo para la iniciativa preferente que el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores el pasado 1 de septiembre.
A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador José Francisco Yunes Zorrilla destacó que con la reforma la sociedad contará con mayor y mejor información sobre el destino del erario.
Del mismo modo, agregó el legislador priista, se incluyen mecanismos que permitirán a los órganos fiscalizadores conocer datos fidedignos, con el objeto de sancionar prácticas de corrupción y desvío de recursos.
Hizo notar que después de un proceso de análisis en el que participaron todos los partidos políticos, el Senado realizó 30 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo federal con el propósito de establecer “plazos realistas” para su cumplimiento.
También, dijo, se propuso modificar el marco jurídico sobre la deuda pública en los tres órdenes de gobierno, a fin de ampliar y hacer más transparentes los registros de deuda, pasivos y obligaciones.
En tanto, el senador panista Raúl Gracia Guzmán, titular de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, expresó que con los cambios no se podrán generar espacios de opacidad para que “estados y municipios abusen en el despilfarro de los recursos, deuda o presupuesto público”.
Manifestó que la Ley será una herramienta que garantizará que los gobernantes utilicen y apliquen “con prudencia y decoro” los recursos que son de todos, pues la mejor manera para la rendición de cuentas es que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información.
Resaltó que con el apoyo material y financiero a los municipios de menos de 25 mil habitantes “no habrá excusa” para cumplir cabalmente con la norma.
Durante el debate, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz expuso que la reforma busca que la sociedad cuente con información para involucrarse con mayor profundidad con sus gobiernos y tener capacidad de demandar más y mejores resultados.
Se trata, dijo, de una de las herramientas técnicas con mayor trascendencia política, ya que hace viable la rendición de cuentas y cierra los espacios a cualquier clase de desvió o alteración de la contabilidad gubernamental.
Para el senador Carlos Mendoza Davis, de Acción Nacional, con la nueva Ley de Contabilidad la transparencia “no será, ni permitiéremos que sea, una moda sexenal”, pues la rendición de cuentas “es una mística del servicio público que blindaremos para que perviva”.
Expresó que la democracia se fortalece con políticas públicas, códigos de ética y procedimientos que garanticen que los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de los ejercicios presupuestales, de manera sencilla, permanente e inmediata.
Por el PRD, el senador Mario Delgado Carrillo mencionó que “el impuesto más regresivo que tienen los países es la corrupción” y con el consenso de todas las fracciones parlamentarias “se da un paso muy importante” para enfrentar este problema.
Sin embargo, advirtió que no será suficiente si no se consolida el sistema nacional de fiscalización y se fortalecen las facultades de la Auditoria Superior de la Federación para iniciar procedimientos por delitos cometidos contra las finanzas públicas.
En tanto, el senador del PVEM Luis Armando Melgar Bravo señaló que para estados y municipios ahora será obligatorio incluir todos los pasivos, de cualquier naturaleza, en la información sobre las deudas públicas locales.
Hizo notar que la transparencia “no es un fin en sí mismo”, sino parte de un proceso político y jurídico que debe culminar en una mejor orientación del gasto, con resultados tangibles y medibles.
En opinión del senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, el dictamen “tiene aspectos positivos”, pero el trámite que se le dio “es inconstitucional” porque el Congreso primero tenía que legislar para regular el procedimiento de las iniciativas preferentes.
Consideró que se “viola la Constitución” al aprobar la propuesta sin haber atendido lo que ordena el artículo segundo transitorio de la reforma política, que establece los plazos para reglamentar esta figura legislativa.
Luego de aprobar el decreto, el senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva, destacó que por primera vez el Congreso cumplió con la importante responsabilidad de resolver una iniciativa preferente, figura incorporada a partir de la reforma política aprobada el 9 de agosto de este año.
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