El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, en conjunto con Incide Social, publicaron La complejidad del Derecho a un Nivel de Vida Adecuado.
En dicho documento señala que el Derecho a un Nivel de Vida Adecuado es un derecho con diversas aristas y vertientes tanto en su conceptualización como en su ejecución, por la diversidad de elementos a partir de los cuales está integrado.
Diario Jurídico México comparte el texto íntegro.
El Derecho a un Nivel de Vida Adecuado es un derecho con diversas aristas y vertientes tanto en su conceptualización como en su ejecución, por la diversidad de elementos a partir de los cuales está integrado. Su concepción, data desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en la que se establece a este derecho considerando la realización del derecho a la salud, alimentación, vestido, vivienda y servicios sociales. Más tarde (1966), éste fue recuperado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el cual establece en su artículo 11 “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”.
Aunque el derecho a un nivel de vida adecuado comprende distintos derechos, se trata de un derecho general que encierra los elementos esenciales no solo para la supervivencia humana, sino para la consecución del bienestar, tales como la salud y el desarrollo físico e intelectual.
La ausencia de un nivel de vida adecuado está íntimamente relacionada con medios de subsistencia limitados o inseguros. Un obstáculo creciente a la realización de este derecho, por ejemplo, tiene que ver con la inflación de precios de alimentos que, especialmente en zonas urbanas, impide a las familias de bajos ingresos contar con los nutrientes necesarios para desarrollarse; por lo que vivir adecuadamente, se resume entonces, en la capacidad que tienen las personas y sus familias, de acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, logrando una mejoría constante del nivel de vida.
En las comunidades rurales, importa sobre todo el acceso seguro y equitativo a la tierra, las pesquerías y los bosques, que son fuentes de alimentos y de cobijo; la base de las prácticas sociales, culturales y religiosas, y un factor central del crecimiento económico. Muchas personas, entre ellas mujeres, pueblos indígenas y pequeños productores agrícolas, carecen de un control sostenible y ejecutable. Esto nos deja ver con claridad, que las personas que viven condiciones de pobreza, para poder contar con un nivel de vida adecuado se enfrentan con enormes obstáculos, de índole física, económica, cultural y social que de distintas maneras les van roban la posibilidad de acceso a lo más básico.
En este sentido, el nivel de vida adecuado se puede explicar también en contraste a la definición de pobreza, como un fenómeno multidimensional, que comprende tanto los ingresos disponibles, como de las capacidades básicas para vivir con dignidad.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declaró en 2001 que la pobreza es «una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales»
Y recientemente, el 28 de septiembre pasado, la Relatora Especial presentó los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; preocupaciones que enfatizan la necesidad de asegurar que quienes viven en situación de pobreza puedan disfrutar de todos sus derechos, económicos, políticos, sociales, civiles y culturales.
El texto se basa en el entendimiento de que cada país, debe hacer un esfuerzo hasta el máximo de los recursos disponibles, para avanzar progresivamente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de quienes viven en situación de pobreza. Y establece una guía para los Estados, respecto a cómo superar algunos obstáculos específicos para poder disfrutar sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Finalmente, y en línea con todos los compromisos y obligaciones internacionales asumidas al respecto, el texto enfatiza la importancia de la asistencia y la cooperación internacional como elemento esencial para que los países con menos recursos puedan seguir avanzando en la superación de la pobreza.
El Estado mexicano, tiene en la pobreza y desigualdad el principal desafío para su viabilidad. Sin abundar mucho en cifras, existen elementos suficientes para destacar algunos de los datos elaborados por el Observatorio que pueden dar cuenta de cómo se goza (u obstaculiza) el derecho a un nivel de vida adecuado en México.
Es necesario mencionar que el Comité DESC ha realizado observaciones relativas al deterioro del salario mínimo, de los salarios en general, la privatización del régimen de seguridad social y de las condiciones de trabajo de varios grupos específicos de población en México. Dichas observaciones, realizadas en 1999, se ajustan a la realidad actual y parecen incluso ser más urgentes ahora. Ello debido a que 19 de cada 100 mexicanos/as viven en pobreza alimentaria; 27 por ciento de las personas del país, viven en pobreza de capacidades; 40.3 millones de personas son pobres moderadas, y 11.7 millones, son pobres extremos .
El conocimiento de estos datos en México, dan cuenta del fracaso de la política y los actores que la implementan en materia de bienestar.
En los últimos años, lejos de permitir el acceso a un nivel de vida adecuado, se han fomentado políticas que nos has ido excluyendo de esta posibilidad. Los avances que ha habido en cobertura educativa o de salud se reconocen, pero han sido insuficientes y no cuentan con un correlato en cuanto a la calidad de los servicios.
El acceso a seguridad social, componente de este derecho, es un privilegio que los legisladores en este momento se están encargando de diluir; mientras que la vivienda, para una gran mayoría, no alcanza los estándares internacionales mínimos que se establecen como adecuados en términos de la seguridad de la tenencia y los servicios de los cuales ésta debe ser provista.
En general, la posibilidad de acceder a niveles mínimos de bienestar no parece real para la mayoría, en un país en donde la juventud ve cada vez más accidentado su desarrollo.
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