Foto: CNDH
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un llamado a dejar a un lado el silencio y la indiferencia para enfrentar el fenómeno de violencia contra las mujeres, un hecho que sigue presente en la vida cotidiana.
El Ombudsman nacional participó en el Seminario “Programas de Atención e Instancias de Protección para las Mujeres Víctimas de Violencia”, en el auditorio “Claustro de Maestros” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Aseguró que según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, tres de cada diez mujeres sufren de violencia por parte de su pareja; cuatro de cada diez han sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida y seis de cada diez han sido víctimas de violencia en alguna ocasión.
Dijo que es posible transformar los espacios de desigualdad, discriminación e intimidación, en formas de vida favorables para las mujeres, con la aplicación de las leyes que protegen su derecho a una vida libre de violencia.
Presenció el desarrollo de un Curso-Taller Integral “Protección de los Derechos Humanos para Mujeres Indígenas”, que se impartió con el propósito de que puedan identificar los problemas de discriminación, violencia y desigualdad que enfrentan, a fin de superarlos y exigir el respeto pleno de sus derechos humanos.
Durante la gira de trabajo que realizó por Chihuahua, Plascencia Villanueva estuvo acompañado por el gobernador, César Duarte Jáquez y el Ombudsman estatal, José Luis Armendáriz González.
En la Sala Regional Norte del Tribunal Fedral de Justicia Fiscal y Administrativa, fue testigo de la develación de un conjunto escultórico y efectuó una visita al Centro de Readaptación Social número 1 de la entidad, que obtuvo la certificación de la American Correctional Association (ACA) por haber cumplido con los estándares exigidos para ello.
Raúl Plascencia Villanueva comentó que resulta fundamental el diseño de políticas públicas integrales y articuladas para dar cumplimiento pleno al mandato constitucional, que establece que el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, son la base para lograr la reinserción social de los internos.
El Estado, dijo, debe establecer un régimen de ejecución de penas que garantice la seguridad de las personas y condiciones dignas de estancia, sin importar su situación jurídica.
Por ello, concluyó, que la observancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica en la aplicación de correctivos disciplinarios es también una obligación de la autoridad, y no se contrapone al manejo estricto y ordenado de las prisiones.
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