Foto: Cámara de Diputados.
Las comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública aprobaron ayer, en lo general, el dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se declararon en sesión permanente para discutir, en lo particular los artículos reservados.
Para la discusión en lo general se efectuaron dos rondas. A favor se pronunciaron los diputados Alejandro Montaño Guzmán, Faustino Félix Chávez, Arnoldo Ochoa González, Simón Valanci Buzali, Héctor Gutiérrez de la Garza, del PRI; Juan Jesús Aquino Calvo, Alfredo Botello Montes, del PAN; Mónica García de la Fuente, Felipe Arturo Camarena García, del PVEM; Luis Antonio González Roldán y Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza.
En contra, Rodrigo González Barrios, Fernando Belauzarán, Lizbeth Rosas Montero, José Ángel Ávila, Luis Manuel Arias Pallares, Julio César Moreno, del PRD; Francisco Coronato Rodríguez, Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT).
Al término de los posicionamientos, por la Comisión de Gobernación se emitieron 22 votos a favor y en contra 8; en tanto que por la Comisión de Seguridad Pública fueron 19 votos en pro y 5 en contra.
El dictamen aprobado destaca que la propuesta para que la Secretaría de Gobernación se encargue de formular y aplicar la estrategia de seguridad pública, obedece la decisión de que todas las tareas y acciones se desarrollen teniendo como marco rector el respeto a los derechos humanos y a una visión de orden civil, con el fin de proseguir con el combate al crimen organizado y la delincuencia que flagela a la sociedad.
De ahí que, señala, coincide con la pertinencia de cambiar en la estructura orgánica de la Administración Pública Federal a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que sus responsabilidades y tareas sean asumidas por la Secretaría de Gobernación.
Aclara que el titular del Ejecutivo Federal es y seguirá siendo el responsable directo de la Administración Pública Federal, por lo que sólo el secretario de Gobernación podrá ejercer las facultades que se propone otorgarle en la fracción I del artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, materia del presente dictamen.
Es decir, menciona, el secretario de Gobernación sólo ejercerá funciones de coordinación y apoyo respecto de las demás dependencias de la Administración Pública Federal.
El resolutivo añade que para que el Estado rinda frutos en el plazo más breve es indispensable que los programas y acciones de todas las secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal estén armonizados y guarden congruencia con los objetivos primordiales que, en respuesta al reclamo social, establecerá el próximo titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Para transitar hacia un gobierno basado en resultados, es necesario dotar a la Administración Pública Federal de una estructura orgánica y competente acorde a las prioridades de quien, por mandato del voto popular, será responsable de conducir al gobierno durante el periodo 2012-2018”.
Destaca que quienes aprueban el dictamen lo hacen con la convicción de anteponer la necesidad de un gran acuerdo nacional a fin de que el Estado garantice la seguridad y la integridad física y patrimonial de toda persona, en todo el territorio nacional, con la fuerza que le otorgan la ley y la capacidad plena de sus instituciones.
Concluye el dictamen que los cambios propuestos en la iniciativa bajo dictamen en materia de gobernabilidad democrática y recuperación de la seguridad pública, buscan devolver a la Secretaría de Gobernación la indispensable centralidad que, como responsable directa de la política interior, debe tener.
Por otra parte, menciona que la iniciativa se basa en seis ejes principales para reorganizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que ésta sea más eficiente en el logro de sus objetivos.
- El primero: conferir a la Secretaría de Gobernación la función de coordinación del gabinete, por acuerdo del Presidente de la República.
- Segundo: otorgar a la Secretaría de Gobernación las funciones que en la actualidad ejerce la Secretaría de Seguridad Pública, cuya desaparición se propone.
- Tercero: ampliar y reorganizar las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que se concentre en las tareas de combate a la pobreza y promoción de los derechos de diversos grupos de la sociedad.
- Cuarto: crear la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que se asignarán diversas atribuciones que hoy ejercen la actual Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Desarrollo Social, en materia de desarrollo urbano, regional y de vivienda.
- Quinto: desaparecer la Secretaría de la Función Pública, lo que conlleva la distribución de sus facultades en distintas dependencias y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Sexto: consolidar la Oficina de la Presidencia de la República, como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente a las tareas y políticas públicas del titular del Ejecutivo Federal.
Fueron reservados para su discusión en lo particular los artículos 1º, 10º, 13º, 25º, 26º, 27º y sus Fracciones I, III, XI, XII, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII y XXIX; 31 y sus fracciones XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX y XXXIII; 32 y sus fracción I, 32 inciso C, fracciones I y X; 37, 41 y sus fracciones X, XII, XIII, XIX; 44; los 27 Bis y 32 Bis.
Todos los transitorios fueron reservados para ser discutidos en lo particular por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del PT, en tanto que Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, reservó todo el articulado del proyecto del decreto.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), decretó un receso para reanudar la sesión a las 20:00 horas en el salón Protocolo del edificio C, del Recinto Legislativo de San Lázaro.
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