Foto: CDHDF
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) es preocupante que sigan ocurriendo agresiones, tales como asesinato, secuestro y lesiones, contra personas que ejercen la libertad de expresión en diversos puntos de la República, ya que de acuerdo con los más altos estándares internacionales, constituyen violaciones a sus derechos fundamentales.
Tal es el caso de Adela Jazmín Alcaraz López, presentadora de un programa de noticias nocturno por cable en el Canal 12 de Ríoverde, San Luis Potosí, quien fue vista por última vez el pasado 26 de octubre.
El Comité para la Protección de Periodistas, (CPJ) por sus siglas en inglés, informó que inicialmente, periodistas locales sospechaban que era un caso de secuestro por extorsión, pero esta hipótesis se ha debilitado.
La periodista permanece desaparecida y hasta el momento no ha habido comunicaciones oficiales que presenten avances en las investigaciones.
Por otra parte, el 14 de noviembre pasado fue asesinado el reportero Adrián Silva Moreno en Tehuacán, Puebla, quien colaboraba para diversos medios locales. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) estableció que el reportero había asistido ocho días antes a una operación de la Policía Federal que concluyó con un arresto por el robo de un automóvil y con el hallazgo de una bodega donde encontraron otros vehículos robados.
Hasta ahora no se tienen datos oficiales sobre el estado de las investigaciones.
En tanto que, de acuerdo con la organización Article 19, Fernando Palacios Cházares, director de la revista regional Ruta 131, fue agredido y despojado de su equipo de trabajo por presuntos elementos de la Policía Municipal de Eloxochitlán, Oaxaca, mientras cubría un hecho de agresión en el que otras siete personas resultaron heridas.
Asimismo, el pasado 21 de noviembre fue asesinado Edgard Haaz Herrera, quien de acuerdo con Article 19, era delegado de la fundación priista “Latiendo por México”, en José Azuera, Veracruz, y columnista del periódico local Nueva Imagen.
En este caso, debe considerarse la línea de investigación que vincula la comisión del hecho criminal con la labor periodística, así como las demás que se estimen pertinentes de esclarecer.
Por lo anterior, la CDHDF subraya que es deber del Estado prevenir e investigar, con base en los principios del debido proceso estos hechos, así como sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Ello debiera incluir garantías de no repetición, al contemplar medidas de protección adecuadas para las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión.
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