*Artículo de Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano Por los Derechos Humanos y la Democracia.
Foto: IMDHD.
Con Felipe Calderón concluye el periodo de gobiernos panistas y con ello la expectativa que buena parte de la sociedad había tenido para transitar a una República realmente democrática.
La alternancia fallida tiene sus principios más claros en el resquebrajamiento de la figura presidencial, la desorganización del Poder Ejecutivo en su conjunto, el aumento en la pobreza, la corrupción y la impunidad, como herencia de la transición política que inició, formalmente, hace doce años.
Calderón será recordado por dos recuentos: el del voto por voto y el del cadáver por cadáver. En 2006, tanto las autoridades electorales como el entonces presidente electo, se negaron al conteo de votos del resultado de la elección, impugnada por un sector de la izquierda política mexicana. Al tiempo que hoy, a ciencia cierta, nadie puede precisar el recuento de los cadáveres que han quedado sembrados a lo largo y ancho del territorio nacional, a raíz de lo que se llamó la guerra en contra del narcotráfico.
Hace tan sólo unos días, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, expresó su «profunda» preocupación por la persistencia de esta práctica en México, en particular, en el contexto de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el «fenómeno de impunidad agravada» en el que permanecen los actos de tortura. Tan sólo el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de 2 mil 400 quejas al respecto.
En lo que toca a las desapariciones forzadas, éstas rondan las 20 mil. A la fecha han sido asesinados 73 periodistas. Según la Red “Todos los derechos para todas y todos”, durante 2011 y a la fecha, se cuentan 188 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio informa que en los últimos cinco años se han registrado 4 mil 112 de estos crímenes. Ante todo ello, la impunidad es abrumadora.
La Ley de Víctimas ha quedado entrampada entre los procesos burocráticos de la construcción legislativa, la visión asistencialista de la víctima como sujeto pasivo y no como titulares de derechos, y un contenido que no alcanza a responder a las demandas de la ciudadanía afectada; ProVíctima, cuyo personal proviene de las Fuerzas Armadas y de las instancias de procuración de justicia, sólo se ha orientado a atender a víctimas de violencia doméstica y no a quienes han sufrido delitos de alto impacto. Las víctimas, a final de sexenio, sin Ley, sin Procuraduría, sin justicia.
El de Calderón también es un régimen que ha favorecido el despojo. Bajo gobiernos panistas se entregó 26% del territorio, en gran parte al capital foráneo. Lejos de traer bienestar, se ha creado miseria, conflictos sociales, incertidumbre, y destrucción de bosques y selvas a través de proyectos de turismo, parques eólicos, presas y concesiones mineras.
Graves son también los asesinatos en contra de opositores a la explotación minera: Manuela Solíz e Ismael Solorio, en Chihuahua; Mariano Abarca, en Chiapas; y Bernardo Vázquez, en Oaxaca. Todos ellos fueron amenazados y atacados por las mineras o por gente ligada a ellas. Las autoridades fueron informadas pero nunca actuaron.
Los pueblos originarios nunca fueron prioritarios, pues hubo una política pública de abandono que derivó en una serie de programas aislados que no permitieron el desarrollo de los pueblos originarios, de acuerdo a sus derechos de autodeterminación y autonomía.
Por ejemplo, el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se tuvo tres años después de iniciada la Administración. Todo se acotó a programas de “superación de la pobreza”, con programas de infraestructura, que bien pudieron beneficiar sólo a constructoras cercanas a los gobernadores en turno y para facilitar el movimiento de tropas para labores de vigilancia a comunidades y zonas indígenas.
Concluye un sexenio de política discriminatoria y excluyente de derechos y libertades para las minorías. La derecha es la gran defensora de los «monopolios morales». En el afán de cultivar las apariencias morales, el segundo sexenio panista perdió la oportunidad que otras sociedades modernas han aprovechado, al dejar sólo como sujetos de piedad o de compasión asistencial a personas adultas mayores, grupos de diversidad sexual y religiosa, afrodescendientes, trabajadoras del hogar, jóvenes, personas que viven con VIH, personas con discapacidad, trabajadoras y trabajadores sexuales, presos, niños y niñas en situación de calle. Bastan tan sólo dos ejemplos: el rechazo a decretar el día nacional contra la homofobia y la negativa política del IMSS y del ISSSTE de afiliar a las parejas del mismo sexo.
Por ello, en la presente Administración el padrón de las organizaciones de la sociedad civil pasó de 4 mil 402 a 17 mil 374, de las cuales un gran número se dedica a la promoción de acciones meramente asistencialistas a favor de grupos vulnerables, como son las mujeres víctimas de la violencia, niñas y niños en situación de abandono o con alguna discapacidad física o psicológica.
La defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas no puede seguir haciéndose desde políticas asistencialistas. Tampoco se puede justificar la violación a esos principios en función de una guerra contra el narcotráfico.
Un gobierno que no garantizó la construcción de una sociedad justa, libre de violencia y democrática no puede ufanarse de haber gobernado para todos y para todas. Un sexenio que deja tantas muertes sólo se tolera en un país que deja ir impune a su gobernante. Si en el periodo de gobiernos priístas -llamado la “dictadura perfecta” por los mecanismos de control del poder que imperaron durante 70 años- vivimos una etapa oscura para los derechos humanos, en las gestiones panistas la vigencia de los derechos humanos transitó dolorosamente de la frivolidad y la propaganda mediática con Fox, a la ineptitud y obstinación de Felipe Calderón, periodo de alternancia al que podríamos definir como “dictadura imperfecta”
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