Foto: Página Jesús González Schmal
Cuando parecía que Calderón se saldría con la suya, es decir, concluiría seis años con el despliegue de una campaña publicitaria con declaraciones e inauguraciones cotidianas que lo ubicarían, ya no como el presidente del empleo, sino como “el presidente valiente”, la realidad se impuso con toda crueldad. Las madres, padres, esposas, hermanos de los desaparecidos sacuden la conciencia nacional. ¿Qué pasó? 5397 casos documentados al día de hoy. Por qué creció en forma escalofriante esta cifra cuando apenas, años atrás, las madres del grupo Eureka, de doña Rosario Ibarra, hablaba sólo de decenas. La guerra de Calderón ha sembrado el territorio nacional de dolor, luto y violencia, al mando de un gobierno que no se sabe si la ha producido o la ha permitido.
La explanada del Palacio de Bellas Artes fue el espacio de las madres venidas de todos los rincones de la Patria el pasado domingo 19 para exigir, demandar, implorar justicia frente a la indolencia de Calderón que continua sus giras para despedirse como si su conciencia estuviera libre de culpa. La asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (antes era solamente de Coahuila) le recuerda que no es tan fácil escapar del juicio popular por más ruido que se haga en publicidad y con noticieros pagados en los medios electrónicos. Como dicen los jóvenes soy 132, “la verdad nos hará libres”, y esa verdad es la que se está revelando.
Por ello resulta más que necesaria la instancia que abrió un grupo de ciudadanos en la página www.tribunalciudadano.mx, en la que se convocó a todos cuantos tuvieren constancia e información fidedigna de actos violatorios de la Constitución por parte de los órganos de gobierno dependientes de Felipe Calderón y que se hubieren realizado precisamente en ejercicio del cargo de presidente.
Este Tribunal Ciudadano se integró por una larga lista de mexicanos destacados que han estado recibiendo la relación de agravios constitucionales para evaluarlos y emitir un veredicto de consenso en nombre de la Nación, que sufrió la ofensa o fue víctima directa de un poder que se ejerció en contra de los postulados constitucionales y republicanos.
El artículo 87 es incontrovertible. Cuando el presidente protesta ante el Congreso: “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen… y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande” no es una frase hueca o simbólica, es, absolutamente, válida y substancial porque vincula a la persona, al cargo y a su ejercicio, con el respeto obligatorio e irrenunciable de la Ley Suprema de la República.
El Tribunal Ciudadano en su veredicto analizará cómo las decisiones de Calderón, desde la celebración del acuerdo inconstitucional “Iniciativa Mérida” para pagar a Bush su apoyo al triunfo electoral cuestionado, se detonaron un cúmulo de errores todos encadenados a la violación, básicamente, de los artículos 29, 89 y 129 de la Constitución, que dieron por resultado un cuadro desastroso de violencia, asesinatos, desaparecidos, secuestrados, desplazados, extorsionados etcétera, que hoy son el drama que viven millones y millones de mexicanos en todo el territorio nacional.
Destruir un país por el capricho de parecer “valiente” o ceder la Soberanía Nacional ante el vecino del norte, permitiéndole, por unos millones de dólares, desatar una guerra interna con las propias armas que éste le envía a los distintos grupos con los que el gobierno compite en violencia y arbitrariedad, no puede ser una conducta presidencial inocua o que quede impune porque la norma no prevé sanción en su mismo texto.
La lógica jurídica constitucional es irrebatible, nuestro sistema republicano nos obliga a no transigir con los que han hecho tanto y tanto daño a la patria y a las nuevas generaciones. El Tribunal Ciudadano seguramente concluirá con el veredicto de condena histórica, declarando a Felipe Calderón culpable de transgredir el artículo 87 de la Carta Magna pero, también exigirá, que la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional que promovieron más de 10 mil ciudadanos continúe hasta sus últimas consecuencias para que el crimen de lesa humanidad no quede exento de castigo.
La demanda ciudadana ante el incumplimiento del orden constitucional debe advertirse a Peña Nieto, correspondiendo al Congreso la reglamentación inmediata de la “Revocación del Mandato” porque en el futuro la Soberanía popular no puede esperar fatalmente seis años para exigir su cumplimiento. Desde ahora, el pueblo no se resignará dócilmente a sufrir más agravios y afrentas, “sobre advertencia no hay engaño”.
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