La amnesia política nos hace caer sexenalmente en el mismo círculo vicioso de desconectar la inteligencia para volver a creer en los efectismos de quienes inician el período presidencial. Se inicia prometiendo lo que nunca harán o, con mayor precisión, lo que deberían hacer y no hacen. Para el propósito celebran un pacto con bombo y platillo, sin faltar la imprescindible foto de los dirigentes del PRI, PAN, PRD con el nuevo presidente.
Todo lo que el “Pacto por México” contiene es una lamentable exhibición de cinismo. La promesa de extinción de los poderes fácticos no es sino la confesión de la derrota del estado de Derecho y el reconocimiento de que estos dominan y la autoridad política se encuentra secuestrada por los mismos grupos de poder que impusieron a Peña Nieto, que hoy pretende hacernos creer que se rebelará.
Ahora bien, si los poderes fácticos que no se quisieron nombrar son el mismo duopolio televisivo, no se entiende cómo se van a someter al orden jurídico constitucional si ya, el propio PRI, los convirtió en “telebancada”, lo que a su vez implicó el pago de favores por los servicios electorales.
Es también absurdo el anuncio de lucha contra los poderes fácticos, si en estos se incluyen los que ejercen los sempiternos líderes de las centrales sindicales CTM, SUTERM, SRTPRM, SNTE, SNTSS etcétera, mismas que no solo están anquilosados en el Poder Legislativo, sino incluso, en éste consiguieron apenas hace unas semanas en las reformas a la Ley Federal del Trabajo reducir derechos de los trabajadores que ya estaban reconocidos en la Ley de 1970 y en cambio, blindar de cualquier riesgo el manejo oculto de las cuotas de los trabajadores y las canonjías de las que disfrutan.
No faltó en este pacto “la perogrullada” de que debía respetarse la Constitución en materia energética para que el petróleo quedara en manos de la nación, pero eso sí, no se acuerda nada de que la minería regrese a manos del Estado después de que ésta ha sido concesionada a empresas extranjeras que ya dominan una tercera parte del territorio nacional, que han depredado inmensas regiones por la explotación de tajo a cielo abierto y sacan extraordinarias utilidades con cargo a la depredación ecológica del país.
Del mismo género de ofertas para incautos o ignorantes está la de que se expedirá una “Ley de Responsabilidad Hacendaria para controlar el endeudamiento de los estados”, para que a éstos no les ocurra lo que a Coahuila, como si lo que hizo el ex gobernador Moreira, de alterar documentos oficiales para respaldar créditos con bancos privados, hoy estuviera autorizado porque no hay una ley específica, cuando el Código Penal sanciona esa acción como delito grave, que exige la reparación del daño y la pérdida de la libertad personal.
En lo que también exhiben una crasa ignorancia es en consignar como si fuera novedad el incluir en el COFIPE, como causal de nulidad de una elección, el que el candidato compre cobertura informativa en medios o rebase los gastos de campaña autorizados por el IFE. Es evidente que los signatarios de la vacilada de pacto no han leído el artículo 41 de la Constitución que lo prohíbe, sancionando con la invalidez de la elección cuando ésta no cumpla con los requisitos de ser: “libres y auténticas” ceñidas, conforme a la fracción II del mismo artículo a las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos y campañas electorales para el resguardo de que se respete el principio de que sean “equitativas”. El que el Tribunal Federal Electoral haya abdicado de la obligación de aplicar la norma constitucional, no es culpa de ésta, sino de los farsantes de toga y birrete, mal llamados magistrados electorales, que lo hicieron.
Por si fuera poco, la promesa firmada, jurada y ratificada de observar “la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción” es: ¡inconcebible! Cómo creer que esto se diga por quienes son precisamente los engranes irremplazables de un sistema que opera así en su beneficio y para los de su grupo. Ello significaría su propio suicidio y si, éste se quisiera hacer metafóricamente, lo único que lograría que el pueblo les creyera que la corrupción es capaz de acabar con la corrupción, sería que aceptaran hacer pública su fortuna personal y familiar regresando al erario los excesos inexplicables, para empezar de ahí a una verdadera campaña anticorrupción como la que ofrece el “Pacto por México”.
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