Foto: SCJN
No permitamos que la reforma al sistema de justicia penal quede anclada en las buenas intenciones; sin la consolidación respectiva de las reformas penal y de amparo, la protección a los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, estará incompleta, aseveró el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Ministro Juan N. Silva Meza.
Para el Poder Judicial de la Federación, la pronta instauración del sistema acusatorio, tiene una enorme relevancia, y desde la promulgación de la reforma constitucional, se han adoptado muchas medidas para recibirla e instrumentarla, tales como: la creación de juzgados federales especializados; la adecuación física de instalaciones; la puesta en marcha de unidades administrativas; la celebración de actividades académicas que ya representan cientos y cientos de horas de capacitación y formación, tendientes a la difusión y preparación interna y externa en la materia, indicó el Ministro Silva Meza en la ceremonia en que el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) le confirió el Doctorado Honoris Causa.
Señaló que en la actualidad, se puede advertir que son muy pocas las entidades federativas, (Chihuahua, Estado de México y Morelos), que han logrado establecer la operación total de la reforma. Es decir, a la fecha, solo estos tres Estados del país cuentan con una instancia encargada de coordinar, evaluar y dar seguimiento a la operación del nuevo sistema; tienen la normatividad básica e intermedia en vigencia, y se encuentran en operación total del nuevo sistema acusatorio penal en todo el territorio y en todos los tipos de delitos.
Por tanto, a cuatro años y medio de la reforma constitucional, tan solo el 10% de los Estados operan totalmente el sistema acusatorio.
Del resto, siete entidades se encuentran en operación parcial, cuatro cuentan con fecha definida de entrada en vigor del nuevo sistema; catorce se encuentran en proceso avanzado y en la retaguardia, cuatro estados que se encuentran aún en la etapa inicial.
Ante la presencia del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, del Director General del Inacipe, Rafael Estrada Michel, Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez, así como Ministros y Consejeros de la Judicatura Federal, el Ministro Silva Meza indicó que la envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no solo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma, que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso.
En ese sentido, puntualizó que sea cual sea el sistema penal que nuestra Constitución instituya, lo cierto es que, en su buena marcha, descansa la percepción completa del éxito o fracaso del sistema de impartición de justicia y que la calidad de su funcionamiento incide en forma importante en la confianza que la ciudadanía siente hacia el Estado de Derecho.
Finalmente, aseguró que el trabajo conjunto entre el Poder Judicial de la Federación e instituciones de educación e investigación especializadas precisamente, como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tendrá como resultado la construcción de más y mejores soluciones para atender este reto, en tiempo y forma.
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