Foto: Cámara de Diputados.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 443 votos, un dictamen a una minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo objetivo principal es erradicar este delito.
Al fundamentar dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI) destacó que se aumentan las penas a quien cometa este delito con prisión de siete a dieciséis años, de quinientos a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo de manera permanente.
La legisladora detalló que con las reformas se cambia la denominación del ordenamiento para transformarla en Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura. Es decir, se ha agregado el verbo erradicar en su título.
Explicó que esta instancia legislativa corrigió el documento enviado por Senado de la República, debido a que existía una confusión en identificar el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como si se tratase de una sola figura o concepto en sí, lo cual es inexacto y contrario.
Precisó que se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Asimismo, la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Los delitos previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.
Se establece que la prohibición a la tortura es absoluta, y por lo tanto el Estado mexicano en ningún caso podrá invocar circunstancias excepcionales para justificar hechos de este tipo, indicó.
Los órganos dependientes del Ejecutivo federal relacionados con la procuración de justicia y la seguridad nacional y pública, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán procedimientos para la orientación y asistencia a la población, con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los derechos humanos de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal, añadió.
Asimismo, dijo, la organización de cursos de capacitación de su personal, para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. La profesionalización de las instituciones de seguridad pública en una cultura de respeto a éstos. Se prohíbe la aplicación de la tortura hacia toda persona sometida a arresto, detención, prisión o cualquier otra medida.
Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para realizar las visitas y supervisiones que consideren sean pertinentes, a fin de denunciar y evitar los actos de tortura en el sistema penitenciario y de reinserción social del país, y también se incluye, en los órganos dependientes del Ejecutivo federal, encargados de la procuración de justicia puntualizó la diputada.
Al fijar su posicionamiento, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) comentó que esta práctica totalmente violatoria de los derechos humanos se utiliza para atentar contra la dignidad de las personas, vejándolas y haciéndoles creer que están a plena disposición del torturador su persona y su vida.
Agregó que la tortura ha sido práctica reiterada de los gobiernos totalitarios. Mediante el uso de la fuerza se arrancan confesiones a los detenidos. También la utilizan las corporaciones policiacas para lograr confesiones autoincriminatorias. Se pronunció por hacer eficaz la prevención, sanción y erradicación de la tortura.
En su turno, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC) indicó que en el país “parecería que se privilegia y se tolera este crimen como un método más para obtener información”. En los centros penitenciarios y de reinserción social donde esta conducta se perpetua de manera alarmante.
Destacó que con la reforma a la ley se podrá contar con los mecanismos necesarios para combatir este mal que permea a toda la sociedad del país.
Por el PVEM, la diputada Martha Edith Vital Vera mencionó que la mayoría de los casos de tortura no son denunciados ante las autoridades por desconfianza a las mismas, desconocimiento de leyes o tratados, o por temor a las represalias de los mismos funcionarios públicos y sólo trascienden los casos con alguna connotación especial.
Consideró que también es necesario reformas a la Constitución Política para erradicar la práctica del arraigo, figura que se utiliza precisamente para torturar a la gente.
En tanto, la diputada Margarita Tapia Fonllem (PRD) refirió que la tortura ha abundado por parte de militares en interrogatorios clandestinos a personas acusadas de narcotráfico; por agentes migratorios a las personas capturadas en su ruta hacia Estados Unidos; o por policías para obtener de una persona confesión forzada o una declaración autoinculpatoria ante el Ministerio Público.
Añadió que, además del sufrimiento físico inmediato que provoca a las víctimas, las consecuencias psicológicas son duraderas y frecuentemente se incurre en afectaciones a la salud, permanentes o difíciles de revertir. “No hay una política de Estado que considere la dimensión psicosocial del fenómeno”.
Del PAN, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra señaló que la reforma establece como objeto de la ley, además de la prevención, la sanción, la erradicación total de la tortura en el país. “No más tortura en México, no nos podemos permitir que esto suceda por ningún motivo”.
Las reformas, agregó, plantean que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos.
El diputado Rodimiro Barrera Estrada (PRI) subrayó que la ley no sólo cumple una función coercitiva, sino que también es orientadora de conductas, es educativa, y por tanto, constructora de una nueva cultura.
Enfatizó que legislar para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes, “es en primera instancia un acto de lealtad con nuestra especie”.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) resaltó que la reforma es un paso importante para erradicar y evitar la tortura, también se aumenta la sanción para aquellos funcionarios públicos que incurren en este delito y establece la inhabilitación política.
Además, dijo, se eleva a categoría el delito de tortura a oficial, porque todos los delitos sobre tortura cometidos en distintos rubros serán perseguidos e investigados de oficio.
La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) mostró su preocupación porque la tortura no se investiga y no se sanciona a pesar de su gravedad. Por ello, propuso modificar el párrafo final del artículo 3o. para obligar a que la tortura se investigue de oficio, incluso cuando se ocurra en conjunto con otros delitos, incluyendo la figura de concurso contemplada en la legislación. La propuesta fue rechazada por el Pleno.
El documento se devolvió al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
Comentarios recientes