Foto: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitará al Congreso del estado de Nuevo León, que cite a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad federativa, con el objetivo de que explique los motivos para no aceptar la recomendación 66/2012, emitida con motivo de los lamentables hechos ocurridos el 25 de agosto de 2011, en el Casino Royale, ubicado en la ciudad de Monterrey y en el que 52 personas perdieron la vida y al menos 11 resultaron lesionadas.
Se trata precisamente de un pronunciamiento, que derivó de la investigación que la CNDH llevó a cabo en el que, además de las violaciones a derechos humanos atribuibles a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, se observó que la Comisión estatal realizó una actuación irregular para seguir investigando el asunto, cuando en términos legales la competencia surtía en favor de la Comisión Nacional; lo que representó una falta de respeto a la cultura de la legalidad, una ausencia de colaboración institucional y un intento por obstaculizar el trabajo del organismo nacional.
Es de mencionarse que pese a lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Casino Royale.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a la Comisión estatal, diseñar e impartir a su personal, un programa integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de facultades y competencia de los organismos públicos de derechos humanos y colaborar en el trámite de la queja que la CNDH promoverá ante el Congreso del Estado con motivo de las irregularidades observadas.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respectivamente, han aceptado la recomendación de mérito; por lo que, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el hecho de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León no aceptara tal determinación, no abona en la construcción de una adecuada cultura de respeto a los derechos humanos, ni mucho menos para favorecer a las víctimas.
Para la CNDH es fundamental que los servidores públicos del Estado mexicano cumplan con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tal y como lo establece el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo, tratándose de aquellos que trabajan en los organismos públicos de ésta naturaleza en nuestro país.
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