Foto: CDHDF
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró que el gran reto para la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos será cambiar la mentalidad de los operadores jurídicos del país.
“Ahora los jueces estarán obligados a tener una idea clara no solamente de aquellas leyes que utilizan para resolver sus casos, sino de todas aquellas normas que haya firmado el Estado mexicano, y además tendrán que jerarquizarlas”, apuntó.
Al participar en el “Seminario: La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos y su impacto en el Sistema Penal Acusatorio”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), indicó que la Reforma es el punto de llegada del derecho puro y duro.
“Lo que sigue tras la Reforma es un cambio de mentalidad de los operadores jurídicos para implementar el derecho pro persona y los tratados internacionales en la materia”, reiteró.
En ese sentido, el Ombudsman capitalino apuntó que todas y todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas.
“Todas las autoridades en el país tienen la obligación de hacer conocer qué son los derechos humanos”, manifestó.
Y además, agregó, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos ciudadanos.
“Estas cuatro obligaciones y cuatro deberes implicarán una nueva manera de enfrentar el quehacer cotidiano de los servidores públicos frente a los derechos”, afirmó.
Lo anterior, detalló, evitará que se diga que los muertos, desaparecidos y desplazados son culpa de la criminalidad organizada.
“Imposible, el Estado tiene una obligación ahí tal que implica evitar que otros, particulares o no, violen derechos humanos. Entonces ahí hay una obligación directa”, subrayó.
En el Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Inacipe, el Presidente de la CDHDF insistió en que las consecuencias que traerá la citada Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 será la de modificar la mentalidad jurídica frente al derecho y frente a la ciudadanía.
“Y eso significará un reto importante para quienes desempeñamos una función pública”, finalizó.
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