Foto: IFE.
El proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del IFE, con respecto a la queja interpuesta por el PAN en contra de la coalición “Compromiso por México”, a causa de la utilización de tarjetas o monederos electrónicos “MONEX”, presenta diversas inconsistencias.
Así lo dio a conocer el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal Tejada, quien aseguró que la autoridad no realizó una investigación debida y exhaustiva con respecto a las aportaciones ilícitas y rebase de gastos en la campaña presidencial.
Carbajal detalló que no se proporcionó una relación pormenorizada de las tarjetas que correspondieron al PRI, el cual aceptó haberlas utilizado.
“El proyecto señala que se advierte que el Partido Revolucionario Institucional contrató, a través de un intermediario, un servicio de dispersión de recursos a través de tarjetas de prepago, a través de 7,851 tarjetas distribuyó recursos que ascendieron a la cantidad de $66,326,300.00 (sesenta y seis millones, trescientos veintiséis mil, trescientos pesos 00/100 M.N.). Dichas tarjetas fueron entregadas a partir del mes de mayo de dos mil doce”.
Sin embargo, lamentó que no advierta con claridad cuál es el objeto o razón social de las empresas Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; así como de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., que participaron con el PRI en emisión de las tarjetas “MONEX”, mucho menos que puedan otorgar financiamientos o préstamos comerciales como ellas mismas reconocen.
Además, expuso Carbajal, las empresas otorgaron préstamos con intereses inferiores a la tasa bancaria y legal, por lo que el beneficio que obtiene el PRI debe considerarse como una aportación en especie con relación a los gastos de campaña.
“Tampoco se tiene certeza sobre el origen de los recursos utilizados para financiar las tarjetas electrónicas ni la cuenta bancaria con la que se realizó el pago de las mismas”.
Finalmente, el representante del PAN ante el IFE destacó que en este momento no se tiene seguridad jurídica acerca de que la coalición, integrada por el PRI y el PVEM, hayan cumplido cabalmente las obligaciones en materia de fiscalización y utilización de los recursos y que haya implicado el rebase del tope de gastos de campaña.
Esto porque el dictamen consolidado y la resolución de los informes finales de campaña de la elección a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se someterá a discusión del Consejo General del IFE el 30 de enero de 2013.
Para ello, sostuvo Carbajal, se deben tomar en cuenta las omisiones e irregularidades en el caso MONEX.
El Consejo General del IFE, expuso, no puede ser omiso a los antecedentes que proveen otros casos de violaciones a las normas que regulan los ingresos y gastos de los partidos políticos y de las campañas electorales.
La responsabilidad del IFE es particularmente grave, cuando existen importantes precedentes de sanciones severas y ejemplares en otros casos de campañas presidenciales.
“Esperemos que los consejeros electorales apliquen la ley de la misma forma y con la misma fuerza el día de mañana. Abandonar esos precedentes aprobando un proyecto deficiente como el que elaboró la Unidad de Fiscalización sería una muy grave regresión en nuestra vida política institucional”.
Rogelio Carbajal puntualizó que es particularmente preocupante el hecho de que este primer informe de la Unidad de Fiscalización resulte tan incompleto y deficiente, especialmente si se le compara con los dictámenes elaborados por su predecesora, la Comisión de Fiscalización del IFE.
“El Consejo General del IFE no podría escudarse en el proyecto de la Unidad de Fiscalización para justificar esta grave violación a la ley electoral, pues todos en México sabemos que la Unidad de Fiscalización propone y los consejeros electorales disponen. Una vez más se pone a prueba la credibilidad del IFE al resolver el caso MONEX”.
En materia de fiscalización, enfatizó Carbajal, el PAN siempre ha sabido reconocer las conclusiones de la autoridad, incluso en casos que lo perjudican, como el de Amigos de Fox, y por ello afirmamos nuestra autoridad moral para exigir que las investigaciones se realicen con la pericia y el profesionalismo que corresponde.
“Si no es así en el caso MONEX, el PAN deberá recurrir a todos los instrumentos legales a su alcance para proteger la vigencia de la Constitución y la ley, y para defender nuestra democracia de las amenazas que sobre ella ejercen el uso indebido del dinero y la presión política desde el poder”, afirmó.
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