La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que investiga el caso de 13 familias tzotziles que fueron desplazadas del Ejido Chigtón, Chiapas por indicaciones de las autoridades comunales, al oponerse a decisiones arbitrarias, como manifestaciones públicas en diversas vías de comunicación.
Integrantes del comisariado ejidal les suspendieron servicios, como el acceso al agua potable, a la clínica de salud, a los apoyos federales, estatales y a las escuelas.
Los agraviados señalaron que los representantes ejidales los golpearon, los despojaron de sus parcelas y los expulsaron de su comunidad, por lo que pusieron en conocimiento de las diversas autoridades estatales esos hechos que no han sido resueltos.
Ello ha generado la desintegración familiar, por lo que han tenido que dispersarse o vivir en albergues, en condiciones precarias e insalubres, lo que ha generado que padezcan enfermedades gastrointestinales e infecciones en la piel sin recibir la atención médica adecuada, precisando los quejosos, no tener un medio idóneo para el sustento.
Ante esta problemática, los quejosos solicitaron el apoyo de la CNDH para la recuperación de sus bienes y el retorno a su comunidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó mediante un comunicado que considera urgente que las autoridades federales, estatales y el municipio de Ixtapa, Chiapas, impulsen mecanismos que permitan la atención y protección de las 13 familias indígenas tzotziles afectadas, y en general de la población indígena desplazada del país para garantizar su seguridad a plenitud.
Para la investigación del presente caso, la Comisión Nacional ha acudido en diversas ocasiones al estado de Chiapas para entrevistar a las autoridades estatales y municipales, así como a los agraviados de Chigtón, que se encuentran en diversos albergues fuera del municipio; del mismo modo, ha solicitado los informes respectivos para aclarar los hechos, ya que una vez integrado el expediente emitirá la determinación correspondiente.
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