Ayer lunes comparecieron los candidatos propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para remplazar a los magistrados que integran la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicada en el Distrito Federal. Los aspirantes fueron cuestionados por senadores de la Comisión de Justicia sobre cuáles serán las medidas que tomarán –en caso de ser elegidos– para fortalecer a esas instancias judiciales, cómo recuperar la confianza de la ciudadanía, la forma en que darán a conocer las sentencias emitidas, entre otros temas, de acuerdo con un boletín de prensa del propio Senado de la República.
Al iniciar su exposición, Alejandro Cruz Ramírez aseguró que los principios de autonomía e independencia tienen que ser los ejes rectores en el desempeño de esos organismos, por lo que ofreció una “visión renovada” en el ejercicio de la judicatura electoral, a fin de proteger, respetar, salvaguardar, o en su caso, reparar los derechos de los ciudadanos.
En tanto, Armando Ismael Maitret Hernández indicó que es necesario elevar la calidad de las sentencias que emiten las salas regionales, pues de no estar correctamente fundadas el Estado mexicano podría ser responsable por violaciones electorales ante organismos internacionales.
A su vez, Andrés Vázquez Murillo señalo que es fundamental establecer las condiciones idóneas para la emisión de resoluciones comiciales, además de impulsar una estrategia de comunicación que permita dar a conocer sentencias claras y entendibles.
En su turno, Janine Madeline Otálora Malassis consideró que para fortalecer la labor de las salas regionales es necesario crear una Visitaduría Judicial, que regule y supervise la función de esos órganos.
Para Mauricio Iván Del Toro Huerta, el principal desafío que enfrenta la justicia electoral es generar confianza en la ciudadanía, por lo que se debe valorar la función de las salas regionales, pues su prestigio, credibilidad y previsibilidad incide directamente en la legitimación del sistema democrático y de gobierno.
En su oportunidad, Gabriel Mendoza Elvira propuso someter las sentencias al escrutinio público, a fin de que puedan ser entendidas y mejoradas, además de que los magistrados tienen que actuar con una “visión garantista” que proteja los derechos electorales de los ciudadanos.
Por su parte, Héctor Romero Bolaños reconoció que existe una “la mala percepción” de las salas regionales como consecuencia de la “deficiente difusión” de sus criterios y ante este panorama se requiere consistencia en las resoluciones fundadas en la Constitución y en la ley.
Clicerio Coello Garcés manifestó que la confianza de los ciudadanos constituye uno de los retos más importantes de los órganos electorales, por lo que las sentencias deben contar con un sustento argumentativo sólido y estar disponibles al escrutinio del público y los partidos políticos.
Por último, Jorge Alberto Orantes López en todo sistema democrático el derecho es la base fundamental para el control del poder político y es fundamental que existan reglas claras para la transparencia y la certeza de cualquier actividad electoral, de lo contrario no se conseguirá “una democracia absoluta”.
Cabe señalar que el próximo 7 de marzo los 15 magistrados que integran las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyen su encargo constitucional, por lo que la SCJN envió al Senado sus propuestas –en ternas– para remplazar a dichos funcionarios.
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