Durante la comparecencia de aspirantes a magistrados electorales en las salas regionales de Monterrey y Xalapa efectuada ayer se mencionó que la irrupción del crimen organizado en las campañas es una realidad en México, por lo que hay que cerrar los espacios para que no concrete sus fines.
Ante la Comisión de Justicia del Senado de la Republica, los aspirantes Omar Espinoza Hoyo, Hugo Domínguez Balboa y Yairsinio David García Ortiz hablaron sobre las condiciones y principios constitucionales para anular los comicios en caso de que intervenga en ellos la delincuencia organizada.
En su turno, Espinoza Hoyo consideró que si la participación del crimen «es grave» se romperían los principios de legalidad, certeza y equidad, por lo que se podría anular el proceso electoral «habiendo pruebas de por medio».
«Habrá que ver los casos concretos, conocer qué actividades de la delincuencia provocaron la ruptura del régimen democrático –si secuestraron candidatos o no les permitieron hacer compañas– pero definitivamente si esa participación es grave y determinante para la elección, por supuesto que sí se podría anular», expresó.
En tanto, Hugo Domínguez Balboa dijo que para nadie es ajeno que el crimen organizado «ha sido un lastre para el país» y en los casos en los que el voto o el derecho de ser votado «se vea comprometido o prácticamente lesionado por su participación para mí sí constituiría una cusa de nulidad».
Lo anterior, precisó, siempre y cuando esté plenamente demostrado que la incidencia o la infiltración fue determinante o de tal magnitud que impidió a los electores y candidatos ejercer sus derechos.
Para Yairsinio David García Ortiz la incursión del crimen organizado en las campañas electorales es un tema delicado en México, pues en algunas regiones «ya es una realidad en sí misma».
Ante este panorama, expresó, salvaguardar la equidad, la legalidad y la constitucionalidad del proceso electoral es una tarea fundamental que hay que asumir con responsabilidad y «a los juzgadores les corresponde sumarse al esfuerzo de no dejar que se cumplan los fines de la delincuencia organizada».
Más adelante, los integrantes que conforman la terna para la sala regional de Xalapa fueron interrogados por los senadores sobre la necesidad de actualizar el catálogo de delitos electorales.
En sus respuestas, Víctor Manuel Rosas Leal consideró necesario que en el marco jurídico se contemple la fiscalización de las campañas y se permitan las investigaciones para determinar si hubo intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales.
Opinó que «el tema que sí debe tratarse» es el relativo al financiamiento de partidos políticos y candidaturas, a efecto de evitar que puedan recibir recursos de procedencia ilícita, «sobre todo ahora que están en puerta las postulaciones independientes».
Para Juan Manuel Sánchez Macías la ley actual adolece de una eficiente técnica legislativa, ya que «a veces» causa confusión en lugar de aclarar cuáles son los delitos electorales.
En este sentido, estimó que se debe adecuar a la «realidad social» y contemplar infracciones como el peculado electoral o el desvió de fondos públicos para apoyar a algún candidato.
De la misma manera, Beatriz Zavala Pérez se pronunció por revisar dicha lista y establecer adecuadamente qué conductas pueden ser sancionadas administrativamente y cuáles castigar penalmente.
Hemos dado grandes pasos en la materia electoral –agregó– pero falta alinear este ordenamiento jurídico porque no hay claridad en los tipos penales que se pueden incluir, por lo que los expertos en materia electoral pueden ayudar en este tema.
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