Foto: Trascavo
=Por Jesús González Schmal=
Entre la avalancha de reformas de éstos días, se coló oculta, la del Seguro Social que no había sido incluida en las iniciativas acordadas cupularmente entre los partidos políticos. Se trata en el fondo de la homologación de las percepciones del personal para fines fiscales con las declaradas para cotización en el IMSS. El tecnócrata director José Antonio González Anaya se lleno de júbilo anunciando que tal medida le significará al Instituto, un ingreso adicional de 3,000 millones de pesos con lo que anhela aliviar su déficit crónico.
Según su currículum, González Anaya maneja la temática económica de pensiones y jubilaciones, no se le conoce experiencia alguna en la administración de servicios de Seguridad Social y, mucho menos, en el ramo específico de atención médica familiar y personal a los millones derechohabientes de una Institución como el Seguro Social. Por eso es extraña la euforia del nuevo director sexenal que celebra que los empresarios y trabajadores tengan que pagar más al Instituto y sólo recibir, como de costumbre, promesas de mejoría en los servicios que nunca se cumplen.
Es dudoso que González Anaya tenga la mínima noción de lo que ocurre cotidianamente en la realidad dramática del decadente nivel de atención que presta el Instituto a sus asegurados. En las grandes ciudades de provincia el sufrimiento de los trabajadores y sus familias al tener esperas de más de un día para una consulta, o meses para una operación quirúrgica, son el pan nuestro de cada día. En las regiones rurales el Seguro Social tiene clínicas abandonadas sin medicinas y con horarios de atención médica de una enfermera por una o dos horas. El campesino que alguna vez valoró su inscripción en el Instituto, hoy prefiere ir al curandero o al también pésimo servicio que ofrece el Seguro Popular. No se diga en casos de accidente en los que al llegar a emergencias del IMSS es jugarse la vida y, someter a la familia a un vía crucis.
La Seguridad Social fue una de las conquistas de la Revolución de 1910 plasmadas en el artículo 123 constitucional y, hasta 1943, se pudo materializar con la creación de un organismo que fue orgullo en sus primeras décadas y gradualmente, ha ido a menos hasta ser hoy una rémora de alto costo y mínimos resultados. El mismo González Anaya seguramente ignora que en 1997 alguno de sus predecesores diagnosticó que el problema financiero que lo agobiaba era el saqueado fondo de jubilaciones y liberándose de ello, su salvación era inmediata para no requerir mayores cargas de sus asegurados.
A dieciséis años de distancia otra vez, se vuelve a decir que el IMSS requiere de mayores ingresos a pesar de que con las Afores fue relevado del pago de pensiones que se le trasladaron a los bancos con los ahorros de los derechohabientes que perdieron muchos años de aportaciones. No fue suficiente tampoco que Luis Molinar Horcasitas, subrogara las guarderías dizque para ahorrar recursos, aunque se expusiera la vida de los infantes. Es vergonzoso ahora que se siga esa tendencia de asfixiar a empleadores y empleados en épocas de angustia y de inflación, para menguar todavía más los raquíticos ingresos laborales.
El IMSS es un organismo autónomo descentralizado que se gobierna por un Consejo tripartita, es decir de representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Con ello se pretendía que la función de seguridad social estuviera garantizada y su administración escrupulosamente ordenada. El resultado ha sido exactamente lo contrario, los consejeros del IMSS no sólo son los coyotes para representar a proveedores y constructores, sino perciben también escandalosos sueldos por tan sólo asistir a una junta mensual del Consejo para aprobar lo que ordene el director.
Son los privilegiados consejeros por parte de los patrones: Javier Funtanet, Salomón Presburger y León Halkin de la Concamin y Jorge Enrique Dávila de la Concanaco. De los obreros José Luis Carazo, de la CTM; Mario Martínez Déctor, de la CROC, Rodolfo González de la CROM y Constantino Romero del Sindicato Minero.
Los representantes de Hacienda, Salud y Secretaría del Trabajo al igual que sus contrapartes del Sector Laboral, gozan de un pago de 100 mil pesos por sesión y de una bolsa para viáticos, comidas y asesores que, en conjunto, absorben un monto importante de recursos que el Seguro resta de los servicios médicos infames que hoy presta.
De todo esto no queda más que concluir que la política peñanietista en la administración pública es idéntica a la de sus antecesores del PRI y del PAN. No es otra que cuando un organismo, entidad pública, empresa paraestatal, no ésta funcionando se inventa que es a causa de la falta de recursos económicos y para ello se echan sobre el ciudadano para cargarle la ineficiencia. Jamás piensan en productividad, ahorros, combate a la corrupción y modernización administrativa. El IMSS es otra víctima de esta voracidad insaciable.
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