Foto: El Universal
En un documento, explicó que se desempeñó como abogado general de la paraestatal de octubre de 2001 a octubre de 2003, mientras que los hechos «se habrían realizado según información divulgada por diversos medios de comunicación en el año de 2004», por lo que vincularlo con el caso «rebasa y contradice la más elemental lógica».
Sostuvo que su desempeño como funcionario público se guio en todo momento por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y profesionalismo, y aseguró que su trabajo fue auditado tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación.
«Pretender ensuciar mi reputación y asociarme con posibles hechos ilícitos presuntamente cometidos por particulares y servidores públicos sólo puede obedecer a una lógica ajena a la recta procuración de justicia», expuso en el texto dirigido a la opinión pública.
Nava Vázquez negó que como abogado de Pemex impidiera que esa empresa cobrara varias cartas de crédito ni que la paraestatal renunciara a derecho alguno de cobro de las garantías emitidas por el consorcio Conproca; «antes bien mantuvo en todo momento sus derechos de cobro» sobre éstas.
Tan es así, añadió, que «un año más tarde, se celebró el Convenio para Facilitar la Resolución de las Controversias Relativas al Proyecto Cadereyta en el Marco del Arbitraje seguido ante la Corte Internacional de Arbitraje celebrado el 27 de junio de 2003. A esa fecha, las cartas de crédito a favor de Pemex continuaban vigentes».
Detalló que por común acuerdo entre las partes, se sujetó la exigibilidad de las garantías al resultado del laudo del arbitraje. De obtener un resultado favorable en el mismo, Pemex habría tenido expedito y a salvo su derecho para colectar las garantías suficientes.
Incluso, citó que el convenio otorga a Pemex garantías adicionales a las ya existentes, que sumaban 187.2 millones de dólares, «destacadamente una nueva carta de crédito por 40 millones de dólares para garantizar los trabajos relativos a un sector específico del proyecto».
Dicho convenio, abunda el documento, fue autorizado en su momento por el Consejo de Administración de Pemex Refinación y para su firma se contó con la opinión favorable de la Secretaría de la Función Pública.
«Por todo ello, queda manifiesta la malsana intención de asociarme a presuntos hechos ilícitos presuntamente ocurridos en 2004, año en el que no me encontraba ya en el cargo en el que honrosamente serví de 2001 a 2003», puntualizó.
=Notimex=
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