Foto: El Economista
Un juez federal sujetó a proceso penal a ocho de 12 ex servidores públicos de la empresa III Servicios, la cual es subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que presuntamente permitieron que la obra de la Estela de Luz fuera contratada sin licitación.
A pesar del auto de formal prisión, los ex funcionarios enfrentarán su juicio en libertad, ya que el delito de uso indebido de atribuciones y facultades no es grave, y porque cuentan con una suspensión provisional concedida por el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, informó a MILENIO Gabriel Regino, abogado de los acusados.
Explicó que sus clientes ya habían promovido un amparo indirecto y obtuvieron una suspensión, pero como algunos no pudieron pagar la garantía de 5 mil pesos que se les fijó y otros no se presentaron ante el juez 14 de distrito de procesos penales federales, Rubén Darío Noguera Gregoire, la medida judicial quedó sin efecto.
Regino comentó que hace unos días sus clientes garantizaron el pago y se presentaron ante la autoridad judicial, misma que reactivó la suspensión que impide que la Procuraduría General de la República (PGR) los detenga.
La libertad de los indiciados está bajo el mandato del tribunal federal, pero deberán acudir al juzgado del Reclusorio Sur cuantas veces les ordene el juez inferior.
Entre los amparados están Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente jurídico de iii Servicios;
Erick Treviño Lartundo, ex subgerente de evaluación, estadística y mejora; Bernardo Garza Garza, ex gerente comercial; Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción.
Asimismo, Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de concursos de la mencionada inmobiliaria; Sergio Salas Arellano, ex coordinador de mantenimiento Zona Centro, todos de la empresa subsidiaria de Pemex.
El resto de los implicados son Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de construcción, y José Carlos Olivera Correa, ex subgerente de contabilidad y presupuesto.
La Estela de Luz sufrió un recorte de más de 3 mil 400 metros cuadrados respecto al proyecto concursado, pero su costo fue casi tres veces superior al previsto debido a que la empresa constructora “infló” de manera “insostenible e injustificada” el precio del acero de 122 a 261 pesos por kilogramo.
Así lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación, que acusó a la Secretaría de la Función Pública de incumplir sus responsabilidades de inspección y vigilancia en la construcción de la obra, así como en la aplicación de sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades.
El proyecto original consideraba 38 mil 877 metros cuadrados de espacios conmemorativos en torno del monumento, con un presupuesto de 393 millones de pesos, pero al ser adjudicada se redujo a 11 mil 573 metros, de los cuales se desarrollaron finalmente 8 mil 138 metros cuadrados.
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(Milenio.com)
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