Foto: Presidencia
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, señaló que están pendientes todavía muchas normas reglamentarias, como la de atención a víctimas del delito y la de reparación del daño causado por autoridades.
Al participar en el 80 Periodo de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), el funcionario indicó que el gobierno de la República ha impulsado y solicitado al Congreso de la Unión seguir adelante con varias reformas.
El gobierno de México trabaja de manera intensa en la elaboración de las normas reglamentarias de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales el año pasado.
Mencionó que este órgano deliberativo de la OEA, cuyo secretario general es el chileno José Miguel Insulza, abordará temas similares, como la protección de datos personales, los derechos humanos, la igualdad de género y el derecho internacional privado y desarrollo económico.
El gobierno del presidente Felipe Calderón ha impulsado y ha solicitado respetuosamente al Congreso de la Unión seguir adelante en varias reformas relacionadas con los puntos que ustedes tratarán y que seguramente se verán enriquecidos con las discusiones y las conclusiones a las que llegue este comité jurídico, puntualizó.
En la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que todas estas normas reglamentarias a la reforma constitucional que impulsó el primer mandatario están pendientes y «estamos trabajando en ello intensamente».
Sostuvo que han insistido de manera respetuosa al Congreso de la Unión para que concluya la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que permita regular la facultad constitucional del presidente para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los conflictos que dañen gravemente la seguridad interior del país.
Se ha insistido también, dijo, en la necesidad de regular el tema generalmente conocido como lavado de dinero, la corrupción de servidores públicos y asuntos que permitan sancionar a empresas cuyos funcionarios realizan actos delictivos en reiteradas ocasiones.
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