En reunión de trabajo con la Asociación de Permisionarios Proveedores de Juegos y Sorteos (APJSAC), diputados se pronunciaron a favor de un nuevo marco jurídico para regular esta actividad económica y evitar la proliferación de centros de apuesta irregulares.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), presidente de la Comisión Especial para indagar el funcionamiento de instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos, aclaró que no están en contra de esta industria, pero sí debe contar con las normas adecuadas.
“No es que satanicemos la actividad, pero debemos regularizarla siempre y cuando no esté asociada a prácticas ilegales”, puntualizó el legislador.
Advirtió que de no existir orden en el funcionamiento de este tipo de establecimientos podrían presentarse problemas sociales y de salud como la ludopatía.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) dijo que debe construirse un marco jurídico que regule y dé transparencia al sector ya que, subrayó, es una importante generadora de empleos formales.
“Mas que estar en contra, queremos que permisionarios estén regularizados y laboren con la seguridad que corresponde”, indicó.
En su turno, el presidente de la APJSAC, Alfonso Pérez Lizaur dijo que la competencia desleal de casinos irregulares impacta en los ingresos del gobierno al dejar el fisco de captar mil millones de pesos al año para el fisco, mientras que para el sector regularizado es de hasta 2 mil 500 millones de pesos.
“En el negocio de los juegos de apuestas, el que paga más premios es el que atrae a la clientela”. Sin embargo, los dueños de casinos que cumplen con responsabilidades fiscales tienen desventaja frente a casinos ilegales, ya que éstos no retienen el ISR a sus clientes y poseen la capacidad de ofrecer premios más atractivos.
Además, alertó que hay una importante discrepancia con los datos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre casinos irregulares ya que hasta el momento la APJSAC ha presentado denuncias por 107 salas de apuestas irregulares o que supuestamente operan bajo un permiso, aunque “no hay forma de saberlo”.
“Ese no es un problema fácil de atacar y la SEGOB debe atenderlo con otras instancias para resolverlo de tajo. Es un problema de regulación y leyes, no es fácil, pero tampoco imposible de solventar”, aseveró.
Pérez Lizaur añadió que existen alrededor de 250 mil maquinas tragamonedas localizadas entre 100 y 120 mil lugares, que impactan principalmente a jóvenes de entre 14 y 18 años. Esto representa una “gran preocupación, pues es un sector que se encuentra en plena etapa de formación mental”, señaló.
Precisó que muchas de estas máquinas tragamonedas se ubican en farmacias y tiendas misceláneas donde hay una gran afluencia de jóvenes.
=Cámara de Diputados=
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