Una tercera parte de la población infantil que trabaja no recibe ingreso o su pago se da en especie, además que no asiste a la escuela y tiene jornadas de más de 34 horas a la semana
Foto: Boteo y Suruy
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), considera que una de las violaciones más graves a los derechos de la infancia la constituye el trabajo infantil, que priva a niñas y niños de acceder a la educación, a la salud, al esparcimiento, al juego y al ejercicio de libertades fundamentales, con graves consecuencias para su desarrollo a futuro.
Las niñas y los niños que tienen que trabajar para ayudar al sostenimiento familiar constituyen un grupo altamente discriminado, ya que no enfrentan las carencias y la pobreza en condiciones de equidad. Además, el trabajo infantil se posibilita debido a una injusta condición tutelar, que impide que las niñas y los niños decidan acerca de sus posibles opciones de desarrollo personal y colectivo.
Entre las formas más extremas de trabajo infantil -que deben estar prohibidas y sancionadas- destacan las situaciones de esclavitud, las que separan a las niñas y a los niños de su familia, y aquellas que los exponen al abandono, y a graves peligros y enfermedades.
Si bien la Ley Federal del Trabajo prohíbe emplear a los menores de 14 años, así como a los que tengan 16 años pero que no hayan terminado la secundaria o no tengan la autorización de sus padres o tutores, en México es una práctica habitual violentar este precepto. Ello porque la necesidad económica en el contexto familiar obliga a los menores trabajar.
De acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil 2011 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.2% de los niños de 5 a 17 años realizó una actividad económica, es decir, formó parte del mercado laboral. De éstos, el 34.9% declaró que aporta ingresos a su hogar. Los niños que dijeron haber trabajado (8%) fueron el doble que las niñas (4.4%). Según INEGI, entre los principales motivos que obligan a los niños a trabajar se encuentran: la necesidad de su aportación económica al hogar, el aprender un oficio, el obtener recursos para pagar su escuela y/o sus propios gastos, o el no querer ir a la escuela.
El costo del aporte del trabajo infantil es muy elevado, puesto que se les condena de por vida a tener trabajos poco calificados y con bajas remuneraciones, favoreciendo la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto es más claro si consideramos que un poco más de la tercera parte (36.5%) de los que trabajan no asisten a la escuela, 28.4% tienen jornadas de más de 34 horas a la semana, mientras que 31.3% realizan quehaceres domésticos y no estudian.
Para hacer frente a esta situación, en la Ciudad de México se desarrollan acciones en contra de las violaciones a los derechos de la infancia, siendo el trabajo infantil una de las más graves.
En este sentido, cabe destacar que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) dedica el capítulo 22 a los derechos de la Infancia, en el que se contempla la articulación de 29 estrategias y 149 líneas de acción en esta materia, que involucran a 30 entes públicos como responsables de llevarlas a cabo.
El diagnóstico en el que se fundamenta el PDHDF identifica la necesidad de que haya un Sistema Integral de Protección de los Derechos de la Infancia para proteger a los niños y las niñas de situaciones injustas y desventajosas, como lo es el trabajo infantil.
El capítulo 22 del PDHDF, en su apartado 22.4 referente al Derecho al Trabajo y Derechos Humanos Laborales de la Infancia, contiene dos estrategias y trece líneas de acción en las que se subraya la necesidad de elaborar un diagnóstico con perspectiva de derechos humanos y género sobre la población infantil. A la par, dicho diagnóstico debe servir como marco para instrumentar y evaluar programas que permitan reducir la explotación infantil, así como mejorar los procedimientos de monitoreo en torno al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, entre otras acciones.
En este contexto, es importante sumar esfuerzos para que los gobiernos, los organismos de la sociedad civil, la academia, personas expertas independientes y organismos internacionales se comprometan a erradicar toda forma de trabajo infantil, especialmente tratándose de labores que sean peligrosas para el bienestar físico, mental o moral del niño o la niña, que les priven de la posibilidad de asistir a clases o les obliguen a combinar trabajo y escuela, con desventaja en el tiempo que se le dedica a la segunda.
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