Foto: Libertad
La Comisión Especial de Programas Sociales, que preside el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC), llamó a los servidores públicos a respetar el marco de legalidad y a conducirse en el proceso electoral con el mayor apego a la ley y los derechos fundamentales.
La anterior convocatoria la hizo durante una reunión con el gobernador del estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, en el marco de las entrevistas de esta Comisión con autoridades de las entidades donde se realizarán elecciones este 7 de julio.
Coronato Rodríguez manifestó que es necesario implementar reglas de operatividad que conlleven la eficiencia y eficacia de los programas sociales, con la intención “de coadyuvar con las instancias que convergen en el proceso electoral”.
Planteó que se realice otra reunión con el gobernador Herrera Caldera “para que nos nutra en lo relativo a los programas sociales y sus reglas de operación a fin de simplificarlas y hacerlas más accesibles a un mayor número de beneficiarios, así como impulsar un código único en el que se utilicen términos similares entre un programa y otro, porque actualmente en lugar de ayudar, complican”.
Dijo que se hará lo posible para que las elecciones “sean 100 por ciento transparentes”. En las reuniones estatales se ha generado una buena sinergia con todos los partidos y “coincidimos en que lo peor que podemos hacer en un proceso electoral es presentar denuncias públicas sin tener las pruebas suficientes para interponerlas en las instancias competentes”.
Al participar, el diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI), secretario de esta Comisión Especial, señaló que el objetivo es conocer las acciones que han implementado los gobiernos en torno a los programas sociales, de cara a las elecciones en 14 entidades del país.
Resaltó la importancia de crear una ventanilla de atención para facilitar la denuncia ciudadana y subrayó que el hecho de que haya muchas denuncias en un estado del país, no significa que tenga complicaciones, “sino que la ciudadanía tiene más confianza en sus instituciones locales”.
También se busca fortalecer las instituciones y reforzar la actitud de los gobiernos para que el ciudadano conserve la confianza en presentar denuncias y en que habrá resultados.
Enseguida, la diputada Leonor Romero Sevilla (PAN) dijo que se debe trabajar con la sociedad para modificar las reglas de operación que complican el acceso de los beneficiarios a los programas sociales, y llamó a hacer un ejercicio que permita procesos electorales transparentes y democráticos.
Se pronunció por el blindaje de los programas sociales, porque “las leyes ahí están, el problema es que se cae en la tentación y la que paga es la ciudadanía”.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) destacó la necesidad de que los programas sociales serán conocidos por la ciudadanía en general y por quien quiera conocerlos, por lo que planteó que los listados de los padrones federales y estatales de beneficiarios los pueda consultar la ciudadanía.
También pidió conocer las medidas que se han implementado para garantizar la libre emisión del voto para que los electores puedan expresar su opinión en las urnas.
Coincidió en la necesidad de llevar a cabo una reunión posterior con funcionarios de las dependencias encargadas de los programas sociales y el proceso electoral, para enriquecer el trabajo con la pluralidad de ideas porque son quienes conocen mejor las necesidades de la población en las diferentes regiones de México.
Del PRI, la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, se manifestó por fomentar una cultura de la denuncia en México, para que los programas sociales lleguen a quienes los necesitan.
Durante la reunión, el titular del Ejecutivo estatal, Jorge Herrera Caldera, afirmó que en tiempos de procesos electorales los cargos, responsabilidades y recursos de programas sociales deben mantenerse al margen de los comicios.
Aseguró a los legisladores que para garantizar una elección limpia y confiable se implementó en tiempo y forma el blindaje de los apoyos para evitar la tergiversación de su uso.
Ante los titulares de las dependencias que tienen a cargo programas sociales, Herrera Caldera indicó que se apoyarán las labores de vigilancia y control de la Comisión Especial y sostuvo que se recibirán con buen ánimo las observaciones que surjan de este encuentro.
Dijo que para enfrentar los problemas de hambre y pobreza que atraviesa el país es necesario conjuntar esfuerzos y avanzar en la transformación de México.
Posteriormente, los integrantes de la Comisión Especial se reunieron con el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Durango, Javier Mier Mier.
Indicó que el IEPC contribuye en la capacitación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno para que sepan qué se puede y qué no se puede hacer así como enseñar educación cívica con respeto a los valores democráticos de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
Aseguró que el de Durango será un proceso electoral confiable, veraz y sin duda de que los representantes populares se elegirán por la decisión soberana de los ciudadanos.
Mier Mier sostuvo que desde este Instituto se hace un esfuerzo cotidiano por informar y hacer a un lado la opacidad. “Es un cáncer que degrada las instituciones”, indicó.
Manifestó que la entidad está a 19 días de la jornada electoral para renovar 39 ayuntamientos y 30 diputaciones en el estado. Por ello y a fin de que los ciudadanos no tengan impedimento para ejercer su derecho al voto, se insaculó a más de 29 mil ciudadanos, de los cuales 17 mil 700 serán funcionarios en dos mil 475 casillas, 98 extraordinarias y 41 especiales.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Durango, Raúl Montoya Zamora, indicó que está en marcha un proyecto del Expediente en Línea, para que se pueda tener acceso a él desde las oficinas y hogares.
“Estamos innovando para hacer nuestro quehacer más transparente e incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestros procesos”, agregó.
Mencionó que se han recibido 47 medios de impugnación, los cuales se han resuelto con la rapidez que requiere el proceso electoral, que en promedio tardan seis días en resolverlos; cuando son más urgentes, son 48 horas.
De esos 47, dijo, 30 por ciento se ha resuelto en instancias federales y sólo una sentencia ha sido revocada, lo que habla del “profesionalismo del Tribunal”.
=Cámara de Diputados=
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