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En el primer día del seminario-curso “Feminicidios y su investigación con la debida diligencia”, diputados, funcionarios y especialistas reconocieron que la violencia contra las mujeres revela la difícil y compleja situación que viven, por lo que deben emprenderse acciones eficaces y coordinadas que incidan en su erradicación.
Detallaron que el Estado mexicano sigue teniendo una deuda con las mujeres que viven y transitan por el país, así como con las familias de miles de ellas cuyos crímenes siguen impunes, y expresaron que la protección debe ser una constante.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), señaló que para algunos gobiernos locales, la implementación de la alerta de género “la ven como una amenaza”.
Sin embargo, precisó, la alerta es una oportunidad para avanzar en la justicia para las mujeres y en la incorporación de la perspectiva de género, así como en las labores de investigación. “Se está haciendo, pero es fundamental perfeccionar el mecanismo”, dijo.
Hizo votos para que la investigación, la procuración de justicia y la igualdad se midan en resultados, toda vez que no puede haber retrocesos en la protección de las mujeres.
Mícher Camarena mencionó que el Distrito Federal fue la primera entidad en tipificar el feminicidio y la que consiguió su primera sentencia.
Consideró que la Ciudad de México se ha caracterizado por tener un adecuado y eficaz protocolo de investigación de los femincidios, ya que permite que estas muertes se vean de esta manera.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD, diputado Silvano Aureoles Conejo, señaló que el feminicidio representa un acto de violencia extrema contra las mujeres y atenta contra lo más preciado que es la vida, además de que constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales.
Manifestó que el feminicidio ha estado establecido en el Código Penal Federal desde el 2011 y, ahora 29 entidades del país ya lo tipifican. Abundó que a varios años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “siguen sin verse los resultados de su aplicación”.
Este seminario, subrayó, será la oportunidad para reflexionar y revisar lo que se ha hecho en esta materia; es una oportunidad para construir propuestas y establecer compromisos conjuntos a efecto de que “este terrible fenómeno social sea eliminado y severamente castigado”.
Se deben hacer esfuerzos, agregó, para que en el sistema judicial la tipificación del feminicidio vaya de la mano con la aplicación de un protocolo especializado que dé resultados oportunos y satisfactorios. Ratificó el compromiso de castigar, sancionar y, algún día, eliminar la violencia en contra de las mujeres.
En este sentido, precisó, los estados tienen la obligación de actuar con obligada diligencia frente a las violaciones de derechos humanos en prácticas como está, “la cual debe incluir prevención, investigación y reparación del daño”.
A su vez, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) mencionó que de acuerdo con el INEGI, aproximadamente el 75 por ciento de las mexicanas ha vivido alguna forma de violencia, ya sea en casa, escuela, centros de trabajo o comunidad.
Indicó que según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de Gobernación, entre el 2001 y 2010 fueron asesinadas 14 mil 991 mujeres. De las cuales, 5 mil 904 sucedieron entre 2008 y 2010, es decir, en dos años se registró casi el 40 por ciento de las muertes por homicidios de mujeres en una década.
Además, la tasa de homicidios dolosos de mujeres para 2010, superó el promedio global reportado para el conteniente americano que fue de cuatro por cada cien mil habitantes. Tal situación, implicó un retroceso de 14 años para México, puesto que desde 1996 no se observaban tasas similares, afirmó.
Relató que de acuerdo con el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2012 se registraron 16 mil violaciones sexuales en el país. “Esto es alarmante”, enfatizó.
Alonso Raya destacó que si bien se han hecho esfuerzos importantes desde el Poder Legislativo para mejorar el marco jurídico que garantice investigaciones, procesos y sanciones efectivas, al confrontar la violencia con las cifras de impunidad, “en la mayoría de los crímenes resulta evidente que esos esfuerzos no han sido suficientes”.
En tanto, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, expresó que una prioridad del gobierno capitalino es erradicar las formas existentes de discriminación que padecen las mujeres.
Refirió que desde junio de 2011, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal incorporó en el Código Penal local el feminicidio, y al crear una agencia especializada, se han iniciado 84 averiguaciones previas relacionadas a la comisión de 86 feminicidios.
La incidencia, detalló, respecto al año anterior ha disminuido en un 44.91 por ciento. Desde 2011, abundó, se han consignado a 57 personas, de las cuales 36 siguen en proceso y 21 han sido sentenciadas.
Precisó que de las entidades que tipifican y reportan la comisión de este delito, el Distrito Federal se ubica en el antepenúltimo lugar de incidencia delictiva, con una tasa de comisión de 0.49 eventos por cada cien mil habitantes.
Ríos Garza argumentó que con la aplicación de acciones eficaces, la comisión de este delito puede disminuir. Estimó que este seminario servirá para la formación de servidores públicos capacitados y especializados en la materia, lo que reducirá más los índices de violencia contra la mujer en el Distrito Federal.
“Proteger y asegurar la integridad de las mujeres es un desafío que involucra la participación de autoridades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil; hacerlo significará reconocerlos como hombres y mujeres plenos en dignidad y derechos”, abundó.
La magistrada María Tardón Olmos, presidenta de la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid-España, precisó que si bien existen muchos tratados internacionales sobre la violencia de género, persisten obstáculos para hacer efectiva la lucha y sancionar adecuadamente estos crímenes.
Mencionó que es alarmante que más del 40 por ciento de las mujeres en el mundo sufra violencia de género. Se deben encontrar mecanismos eficaces que, si no elimina estas agresiones, sí den una mejor atención a las víctimas, pues “no se puede tolerar la violencia de género bajo ningún aspecto”.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Enrique Larios, argumentó que la sentencia del Campo Algodonero (Ciudad Juárez, Chihuahua) es la pauta, a través de la cual se ha diseñado una serie de exigencias inevitables para la investigación y erradicación del feminicidio en México y otros países de América Latica.
Hizo votos para que este curso permita sensibilizar al poder público para seguir fortaleciendo las capacidades de quienes todos los días están encargados de las investigaciones de los feminicidios y de quienes brindan acompañamiento jurídico a las víctimas.
El seminario se llevará a cabo hasta el miércoles 26 de junio en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde diputados y especialistas debatirán sobre los principales obstáculos que impiden o dificultan llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas en los casos de feminicidios.
De igual forma, hablarán sobre las medidas que deben adoptarse en materia de procuración de justicia para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia; reparación integral de los daños; construcción de una agenda para avanzar en la atención y erradicación de los feminicidios.
También, sobre el funcionamiento del observatorio contra la violencia doméstica y de género; emisión y seguimiento de las órdenes de protección; funcionamiento de los juzgados especializados para la atención de la violencia de género; medidas de apoyo; derechos humanos de las mujeres, e incorporación de la perspectiva de género.
=Cámara de Diputados=
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