Lic. Jesús Navarro
=Por Jesús Alberto Navarro Olvera*=
La cultura de la transparencia y rendición de cuentas en materia política, se ha quedado enraizado en el fortalecimiento de la actividad electoral, es decir, de los dineros de partidos políticos, dirigentes y candidatos. Sin embargo, la actividad política, encuentra en lo electoral el inicio, ya que los sujetos obligados en el plano electoral, pasan a ocupar los cargos de elección popular, en los poderes ejecutivos y legislativos, en donde la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la mayoría de los casos no existe.
En la esfera del poder Ejecutivo Federal, y dadas las características del sistema de partido hegemónico del que surge el sistema actual, la creación hace diez años del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, es una gran herramienta del Estado mexicano que se encuentra dando frutos. De la misma forma la Auditoría Superior de la Federación es otra de las herramientas de Estado que le da un buen grado de certeza al buen uso de los recursos públicos, y que a petición de los grupos parlamentarios tiene la facultad para Auditar la gestión de los Estados miembros del pacto federal.
Sin embargo, y dentro del plano nacional, nos encontramos con grandes estándares de discrecionalidad respecto del uso de los recursos públicos en los Poderes Legislativo y Judicial. En este sentido, solamente abordaremos al Poder Legislativo, ya que en el sistema político mexicano, es el otro poder que se configura de acuerdo a la voluntad soberana del pueblo mexicano.
En el plano federal, el Poder legislativo, mantiene amplios grados de discrecionalidad en su quehacer cotidiano, rezagado en lo que respecta a la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Los criterios para la determinación y uso de los recursos que las Cámaras tanto de Senadores como de Diputados son desconocidos para los ciudadanos, y de la rendición de las cuentas de dichos recursos mejor ni hablamos, ya que no se tiene memoria que los Presidentes del Senado o de la Cámara de Diputados, o los lideres de las facciones parlamentarias hagan pública, o presenten a consideración de alguna instancia los montos y el uso de los recursos que se les encomienda.
Sobre este tema, tampoco existe un marco legal que señale la obligación de los representantes populares para rendir cuentas a los electores, elemento mínimo de la democracia. Es un desperdicio, ya que la transparencia y rendición de cuentas como lo he señalado en los foros en los cuales he tenido la oportunidad de participar, genera amplios estándares de legitimidad respecto de la actuación de los poderes ejecutivo y legislativo. En el último caso con la inminente implementación de la reelección legislativa, la transparencia y la rendición de cuentas se convertirían en los mecanismos de aprobación de la actuación de los legisladores de mayoría relativa, con respecto a sus electores.
En este sentido, el uso de los recursos que se les otorgan a los legisladores en lo particular para montar oficinas de atención ciudadana, y el pago del personal para su operación queda en la discrecionalidad, y por lo tanto en la opacidad, prestándose a la simulación, además que la productividad legislativa no tiene premio ni castigo.
Si el plano federal es terreno fértil a la crítica, cuando descendemos al plano local y municipal, nos encontramos con las viejas prácticas del Estado autoritario, perfectamente documentadas, sin sanción, sin prevención, y solamente descubiertas por la alternancia en el plano local, como es el caso de ex gobernadores, que se están convirtiendo en puntos de referencia.
En el plano federal, podemos afirmar que las enmiendas constitucionales y las leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas, y la promoción de su cultura son el baluarte de la ciudadanía, es decir, son una verdadera conquista ciudadana, ariete de la transformación política y de la transición democrática, es por ello que la transparencia y la rendición de cuentas son el sustento de la democracia.
En este sentido, incorporar al poder Legislativo, y bajar al plano local y municipal, la transparencia y la rendición de cuentas, así como su promoción, se convertirá en la verdadera cultura de la democracia, y hoy es el momento de exigir desde la trinchera ciudadana su implementación plena e inmediata.
*Jesús Alberto Navarro Olvera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado patrono en materia Civil, y experto en Juicio de Amparo en materia de Derecho Familiar y Penal. Autor del libro Control y Vigilancia del Origen, Monto y Uso de los Recursos partidarios. México 2005. Editorial Porrúa.
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