Senadores de la República aprobaron, a través de un dictamen, que las autoridades federales puedan atraer, investigar, perseguir y sancionar delitos contra periodistas personas o instalaciones y que afecten el derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta.
Manifestaron que es necesario dar una respuesta efectiva y contundente a este reclamo social, así como evitar y sancionar los atentados en contra del derecho a la libertad de expresión.
Recalcaron que la minuta avalada pretende facultar a las autoridades federales para que puedan atraer los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados en contra de esa libertad.
Los legisladores de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aclararon que esta facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales lo soliciten, a petición de la víctima u ofendido o cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.
Consideraron viable que la PGR, las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina, los centros de Investigación y Seguridad Nacional, y el Nacional de Información, así como el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenten con estructuras sólidas y capacidad de investigación para prevenir y abatir los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión e información.
Señalaron que el valor protegido de esta reforma “reviste una trascendencia sustancial dentro del marco jurídico mexicano, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitan la correcta y debida protección de esos derechos”.
En el documento se destaca que los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos se encuentran en “el peor momento de su vida profesional”, no sólo porque las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes.
Ello, se subraya en el dictamen a la minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución, se traduce en impunidad que afecta la libertad de expresión, además de que es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.
En este sentido, se advierte que la violencia contra periodistas “se ha intensificado en México y tiende a agravarse”, sin embargo lo más lamentable es que estas violaciones han quedado casi en su totalidad impunes.
“Significa una ofensa para el ejercicio de la libertad de expresión y evidentemente para el Estado de derecho porque nunca antes en la historia de nuestro país se habían cometido tantos crímenes contra periodistas”, se resalta.
Refiere que según Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la impunidad es el mayor problema al que se enfrentan los periodistas.
También indica que la Federación Latinoamericana de Periodistas informó que al término del primer trimestre de 2010 se habían reportado en México 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa.
Por último, los senadores precisaron que la enmienda no busca invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la Federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza trascienden el ámbito de los estados.
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