La próxima reforma hacendaria debe ampliar sus alcances con el fin de incrementar los recursos para el pago de pensiones, pues el envejecimiento de la población empezará a ejercer una presión adicional sobre el gasto, afirmó Consultores Internacionales S.C. (CISC).
La empresa de consultoría planteó explorar también la posibilidad de unificar el sistema nacional de salud (IMSS, ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, Seguro Popular, Secretaría de Salud), para buscar una mayor viabilidad financiera y eficiencia operativa.
Sin duda, se requeriría alcanzar un consenso nacional y un periodo de transición importante, «pero el tamaño del problema lo amerita», porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en quiebra técnica y al borde del precipicio fiscal, y en 2016 se agotarán los fondos previsionales destinados a cubrir sus necesidades, advierte.
En su análisis titulado «El precipicio fiscal del IMSS», refiere que hace unos días el IMSS presentó al Ejecutivo y al Congreso el Informe 2012-2013 de su situación financiera y presupuestaria, en el cual advierte que enfrenta una problemática que afecta su viabilidad, lo que atribuye a factores tanto externos como internos.
Entre los externos se enumeran las transiciones epidemiológica y demográfica, lo que implica que se atienda a una población derechohabiente cada vez más envejecida pero con mayor esperanza de vida.
Por tanto, requiere mayor cantidad de servicios médicos e intervenciones más complejas y de mayor costo, por más tiempo, además de las pensiones que se tengan que otorgar durante más tiempo, abunda la consultora.
Refiere que la situación del IMSS no es nueva, pues desde hace años se conocen los diversos problemas de abasto y mantenimiento que enfrenta, así como la gran carga que significa el régimen de pensiones y jubilaciones (RJP) de sus trabajadores.
Según refiere, el déficit que se tiene que solventar es del orden de los 18 mil millones de pesos anuales, pero el problema es que los fondos de los que ha obtenido recursos para cubrirlo se agotan este año.
Si a ello se le agrega, como dice el informe de la institución, que se enfrenta a «rigideces administrativas y operativas» que obstaculizan el uso óptimo de los recursos, «se puede aseverar que el IMSS esté en quiebra técnica y al borde del precipicio».
Los compromisos laborales que ha adquirido la institución se incrementan cada año, y un importante factor para ello es el peso de su propia nómina, que abarca a más de 400 mil trabajadores diseminados en 35 delegaciones.
Esto a su vez ha generado a través del RJP un pasivo laboral que se estima en 1.9 billones de pesos, mientras que el presupuesto federal para 2013 es de tres billones de pesos, compara CISC.
Apunta que tan sólo el gasto por pensiones en curso de pago en 2012 fue de casi 49 mil millones de pesos y este año será cercano a 53 mil millones de pesos.
El problema es grave, pese a que en 2004 se dio un importante respiro con la reforma que estableció un cambio en el régimen de los nuevos trabajadores del IMSS, elevando la edad de jubilación y las semanas cotizadas necesarias, pero el problema estructural prevalece, reitera.
Indica que para cubrir el déficit, el IMSS ha recurrido a los recursos de la subcuenta 1 del Fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual, los cuales se agotarán este año.
Al considerar esta situación, precisa, la Ley de Ingresos de la Federación de 2011 autorizó la transferencia de excedentes de las reservas financieras y actuariales de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo a la reserva del seguro de enfermedades y maternidad.
Estos representan unos 67 mil 352 millones de pesos pero, dado el tamaño de las obligaciones, estos recursos se agotarán a mediados de 2016, y ya no habrá forma de cubrir el déficit operacional, que según estimaciones actuariales tendrá un crecimiento casi exponencial.
La firma subraya la necesidad de que se fortalezcan los ingresos de la institución si no se quiere que se sigan desviando más recursos a cubrir el déficit, que deberían utilizarse para la operación propia.
Por ello, plantea, hay que ampliar los alcances de la reforma hacendaria, considerando que en pocos años el envejecimiento de la población empezará a ejercer una presión adicional sobre el gasto social, sobre todo en sistemas de pensiones aún no reformados como los estatales.
Además, no hay que dejar de lado que el Pacto por México establece una agenda de reformas entre las cuales se considera la creación de un Sistema Universal de Seguridad Social que garantizaría el derecho a los servicios de salud y otras prestaciones sociales para todos los mexicanos, incluyendo las pensiones.
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