La AVG se concibió como mecanismo de acción, pero políticos le temen
Foto: Alicia Pérez Duarte
Los funcionarios federales y locales no tienen conciencia de las magnitudes y consecuencias de la violencia de género, por lo que tienen la visión de que los mecanismos creados para proteger la vida de las mujeres tienen como único fin sancionar a sus gobiernos y a los partidos políticos.
Alicia Elena Pérez Duarte, quien fue la primera fiscal especial federal para atender la violencia contra las mujeres, criticó el poco interés político para detener este flagelo y que contrasta con la protección que se le brinda a la imagen de políticos y gobernantes.
En entrevista con Cimacnoticias, la ahora investigadora y docente en la UNAM se refirió a las constantes negativas del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) a iniciar una indagación por violencia feminicida y eventualmente decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en las entidades que la soliciten.
La negativa más reciente fue el pasado 19 de julio, cuando el Sistema rechazó, por segunda ocasión, el inicio de una investigación por feminicidio en el Estado de México, lo que ha desatado la inconformidad de organizaciones civiles y abre la puerta para posibles sanciones legales contra funcionarias federales.
La doctora en Derecho recordó que cuando se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la AVG se trazó inicialmente como un plan de acción emergente (como el Plan DN-III ante desastres naturales), que tiene como fin que la Federación ayude a una entidad o municipio determinado a “atender un problema específico que rebasa sus capacidades” –en este caso la violencia de género–, mediante la inyección de recursos y servicios.
Pero, según Pérez Duarte, fue durante la redacción del reglamento de la Ley General –a cargo de Pablo Navarrete Gutiérrez, aún coordinador jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)–, que la AVG “no se entendió y se creó un procedimiento cuasi jurisdiccional para sancionar al estado”.
Se creó un procedimiento –agregó– que volvió inoperante a la Alerta, toda vez que como primer paso debe existir una solicitud que llega a entenderse como una denuncia o una queja contra el gobierno y ésta debe someterse a votación. Dentro de esta visión se concibe al proceso como la oportunidad de que el Sistema, que es parte de la Federación, sancione a un gobierno, explicó.
PRI intocable
La integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM acotó que actualmente tanto el gobierno federal como la mayoría de las entidades federativas son priistas y por tanto quienes integran el SNPASEVM provienen de gestiones del tricolor.
El Sistema está conformado por dependencias federales como las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, y la PGR, así como por los 32 institutos estatales de las Mujeres.
Por ello, advirtió Pérez Duarte, es imposible que se decida “sancionar” al Edomex que en “el sexenio pasado era el estado del futuro mandatario y actualmente es el estado del Presidente”.
Cabe recordar que la entonces funcionaria renunció a fines de 2007 como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) –instancia de la PGR precursora de la actual Fevimtra–, en momentos en que la autoridad federal, a pesar de tener los elementos suficientes, no consignó a los responsables de la violación de mujeres durante el conflicto en San Salvador Atenco, Estado de México, entidad gobernada en ese momento por Peña Nieto.
En 2010, cuando se presentó la solicitud de AVG para el Edomex, Lorena Cruz Sánchez, actual titular del Inmujeres y en ese entonces al frente del organismo estatal para el adelanto de las mujeres, declaró que la petición había sido presentada para “golpear políticamente a Enrique Peña Nieto”, quien ya se perfilaba como candidato presidencial.
Al respecto, la ex fiscal consideró que las autoridades mexiquenses saben que tienen un problema de violencia de género que se manifiesta en múltiples delitos cometidos contra las mujeres.
“Claro que lo saben, tan es así que crearon una serie de instancias para combatir este tipo de violencia; lo importante no es que lo reconozcan públicamente, lo importante es que emprendan acciones para realmente combatir y detener las agresiones”, enfatizó.
Estado violento
El Edomex, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es la entidad con más habitantes del país (más de 15 millones de personas), y de acuerdo con las organizaciones demandantes de la AVG, la mayoría de los asesinatos de mujeres fueron cometidos en los municipios colindantes con el DF, es decir Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.
Alicia Elena Pérez Duarte observó que si en el reglamento de la Ley General se tuviera la visión de que la AVG es un “mecanismo de ayuda” para combatir la problemática, se podría aportar un fondo federal para la capacitación de policías, ministerios públicos y jueces, así como para la prevención del delito y la “recuperación de valores” en la entidad.
“No puedo afirmar que (el Edomex) llegará a ese extremo (de Ciudad Juárez), pues estamos comparando toda una entidad con un municipio, pero es sumamente importante que se atienda y sancione el feminicidio en un corto plazo”, puntualizó.
Finalmente agregó que más allá de la necesidad de un reglamento adecuado “lo que se debe lograr es la conciencia de las entidades federativas sobre la grave problemática de violencia que enfrentan las mujeres no sólo del Estado de México, sino del resto del país”.
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(CIMAC)
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