Foto: Diario Jurídico MX
México cuenta con los instrumentos jurídicos, leyes, firmas de tratados y políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres más avanzados de toda América Latina.
Empero, leyes federales y estatales actúan de manera descoordinada y sin armonización.
Así lo afirmaron participantes en la presentación del libro ¿Cómo Medir la Violencia contra las Mujeres en México? Volumen I: Indicadores Estructurales.
El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH), Javier Hernández Valencia, dijo que por lo mostrado en el libro, se observó que no hay definición clara de programas de políticas públicas de protección y prevención de discriminación y contra la violencia hacia las mujeres entre los distintos niveles de gobierno, ni tampoco sobre cómo evaluar sus prácticas.
Hizo notar que los nombres de los programas tienen diferentes nombres y variedad de nomenclaturas. “Lo que hace difícil alinear una estrategia y subsume lo que no se hace en programas”.
El funcionario de la ONU se refirió al caso de Inés Fernández, violada por 10 militares y quien ante la falta de justicia debió acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que mediante una sentencia ordenó al Estado mexicano ofrecer una disculpa pública, acto realizado el 6 de marzo de este año.
Hernández Valencia dijo que el caso llegó hasta esa instancia porque Fernández sufrió desatención, y si bien explicó que nadie debe sentirse ofendido porque un ciudadano defiende o apela sus derechos, “esto tiene que resolverse no sólo a través del litigio”.
Otra de las participantes, la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Karla Gallo, también observó que hay vacío de información en materia de leyes relacionadas con la violencia de género contra niñas.
“Si las mujeres enfrentan discriminación por motivos de género, las niñas enfrentan una discriminación exacerbada porque a la discriminación por motivos de género se les suma la discriminación por motivos de edad, y por ello no son tomadas en cuenta en la generación de políticas, leyes y las mediciones que se hacen sobre el tema de la procuración de los derechos humanos”, dijo Gallo.
Pidió que las niñas de cero a 17 años sean tomadas en cuenta en un país en el que suman 19 millones, de acuerdo con el censo de 2010.
“Para lograrlo los instrumentos jurídicos deben ser integrales y no dejar fuera a niñas”.
Dijo que si para las mujeres adultas es difícil acceder a justicia por ser mujeres, cuanto más para niñas por ser menores y más si se les considera incapaces.
“No están aplicados procesos jurisdiccionales amigos”, dijo, ni tampoco está medido el daño que se les puede causar con un mal proceso judicial.
También participó la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros. Se refirió a la aportación del libro como un diagnóstico sobre los instrumentos con los que cuenta México para prevenir y erradicar la violencia.
“Es fundamental saber en dónde estamos parados para poder hacer políticas públicas adecuadas, que realmente ayuden a abatir el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas”, dijo.
Comentarios recientes