Fernando Zárate Salgado
Foto: Contraste Web
Al inaugurar el foro “¿Hacia una nueva autoridad electoral?”, el diputado Fernando Zárate Salgado (PRD), integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, anunció que presentará una iniciativa para crear el Código Procesal Electoral Único, que unifique las 32 legislaciones electorales existentes en la nación.
Adelantó que presentará su propuesta en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, a fin de “dar certeza e imparcialidad al sistema electoral y perfeccionar la democracia del país”.
En entrevista, el legislador afirmó que este Código Procesal Electoral Único respetará la autonomía de los estados, servirá para evitar la discrecionalidad y armonizará los criterios para atender delitos electorales, con reglas similares en toda la República,
Buscará establecer mínimos y máximos en materia de alianzas, para disfrutar de derechos políticos y financiamiento, y candidaturas independientes, entre otros aspectos, que aseguren independencia, autonomía, imparcialidad y un correcto ejercicio en la organización de las elecciones y respeto del voto.
Las autoridades electorales tendrán parámetros para que al revocar o confirmar sentencias se sigan los mismos criterios de manera armónica, precisó el también integrante de la Comisión de Justicia.
Los ciudadanos, dijo, quieren afinar la democracia, a través del respeto del voto y la libertad para elegir. Eso comprende un marco jurídico único, en donde todas las autoridades electorales actúen de manera congruente y armónica, para tener certeza.
El diputado Zárate Salgado apuntó que “si tenemos leyes similares o la misma ley para todos, el margen y rango de discrecionalidad es mucho menor, sobre todo cuando un órgano electoral estatal interprete de manera arbitraria un delito; toda la Republica se va a dar cuenta”.
Refirió que con este tipo de foros, “los legisladores no debiéramos ser dueños de la verdad, sino fundamentalmente tenemos que abrir bien los oídos para saber qué piensan los especialistas, a fin que desde el Poder Legislativo se protejan los intereses y derechos ciudadanos, como el voto y la libertad, y lograr un proyecto de unidad”.
En este marco, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Lorenzo Córdova Vianello, descartó que un solo órgano electoral pueda organizar elecciones a nivel local y federal, ya que aparte de la pluralidad normativa que debería de resolverse, la instrumentación y administración de 32 legislaciones electorales con sus particulares diferencias, “sería provocar la esquizofrenia”.
Aseguró que el diseño electoral que prevalece en México es exitoso y se ha replicado en otras naciones y enfatizó que una eventual reforma electoral no debe buscar desaparecer los 32 Institutos Estatales Electorales ni una nacionalización de la justicia electoral.
Propuso crear un poder electoral, dentro de una lógica de autonomía total, y manifestó su negativa a que los integrantes de los órganos electorales se reelijan, al calificar esta posibilidad como “una opción envenenada”.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, rechazó la creación de un Tribunal Nacional de Elecciones y de un Instituto Nacional de Elecciones, y se pronunció por mantener el tribunal federal y los 32 estatales, así como los institutos electorales actuales.
Una unificación, advirtió, alentaría un Estado centralista. En cambio, destacó la importancia de que estos órganos tengan autonomía constitucional; propuso crear de una Procuraduría de Defensa de los Derechos Políticos del Ciudadano, y actualizar el sistema de impugnación, porque ya cumplió su finalidad histórica.
“Sostengo que el tribunal federal y los tribunales locales requieren de una cirugía mayor reconstructiva”, aseguró Galván Rivera.
En particular, dijo, definir el perfil de los magistrados electorales, toda vez que en la Constitución no están previstos aún los requisitos que deben cumplir, y se pronunció en favor de que la política se ejerza con ética, lo cual hará la diferencia en busca de proteger y garantizar los derechos ciudadanos.
=Cámara de Diputados=
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