Foto: Vanguardia
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, por 428 votos a favor y seis abstenciones, el dictamen que la Comisión de Seguridad Pública puso a consideración del Pleno para adicionar la Fracción IX al Artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tal adición especifica que entre las responsabilidades de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se encuentra emitir lineamientos para que los tres niveles de gobierno garanticen espacios apropiados en los penales para el sano desarrollo de las hijas e hijos, menores de seis años de edad, de las reclusas, dentro de los mismos centros de readaptación, en atención al interés superior de la niñez.
Al dar los fundamentos del dictamen, la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Ana Isabel Allende Cano (PRI), refirió que en México hay sólo dos centros federales y 10 centros estatales especiales para reclusas, además de 68 penales con adaptaciones para la estancia de mujeres. Asimismo, apuntó, existen 11 mil 641 reclusas, que representan el 4.8 por ciento de la población penitenciaria del país.
Del total de internas, alrededor del 70 por ciento son madres y, en la mayoría de los casos, jefas de familia. A noviembre del 2012, abundó, se tenía el registro de 377 infantes dentro de las cárceles del país, y 48 mujeres estaban embarazadas.
Allende Cano recordó que el principio del interés superior de la niñez ha sido elevado al rango constitucional en México en el artículo 4, y se confirmó al ratificarse la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990.
“Tal instrumento internacional establece el derecho del hijo a ser cuidado por sus padres, así como la obligación de los Estados parte el adoptar medidas apropiadas para ayudarlos a desempeñar sus funciones en la crianza del niño, y a la no separación de ellos, dentro del desarrollo de su personalidad en el seno de la familia”, explicó.
La legisladora advirtió que los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han dado cuenta de una deficiencia en el goce de la unidad familiar por parte de los hijos e hijas de mujeres en reclusión, así como de grandes faltas en la atención médica y alimentación para ellos en los centros de reclusión.
“En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos de las mujeres internas en los centros de reclusión del país, se expresó que deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de reclusas embarazadas, las que acaban de dar a luz y las convalecientes, así como tomarse acciones para organizar una guardería o estancia infantil con personal calificado”, puntualizó.
La diputada por el estado de Puebla subrayó que el artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que el Ejecutivo Federal debe cumplir con la disposición de que las hijas e hijos de internas cuenten con espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral.
A pesar de esto, subraya, “existe una omisión al señalar un responsable específico, con lo cual se corre el riesgo de hacer nugatorio este derecho humano”.
Allende Cano informó que la Comisión de Seguridad Pública planteó que la facultad de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario “debe circunscribirse a la emisión de una norma modelo, que debe ser observada por los centros penitenciarios en los tres niveles de Gobierno”.
En su posicionamiento, Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) coincidió en que la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país no cuenta con la infraestructura de espacios adecuados para el desarrollo integral de los hijos de las reclusas.
Por esto, dijo, se tiene el deber de “legislar en la materia y así procurar el derecho de la madre a disfrutar de su hijo y a ejercer su rol materno para que se conjugue con el derecho de los menores a una vida digna, a un desarrollo integral y a no sufrir condiciones que violenten su integridad”.
Loretta Ortíz AhIf, del Partido del Trabajo, aseveró que no debe ser excusa el hecho que las madres se encuentren en reclusión para que los niños no cuenten con las adecuadas condiciones para su desarrollo.
Afirmó que las acciones de los legisladores deben dar a los infantes en tal situación, espacios educativos donde puedan desarrollar su capacidad de adquirir conocimientos, así como dotarles de una alimentación de calidad y de todos los “satisfactores” que necesitan para un desarrollo adecuado.
Por parte de Movimiento Ciudadano, José Francisco Coronato Rodríguez dijo que tener a menores de edad en un centro penitenciario es a todas luces lamentable “si tomamos en cuenta el hacinamiento y la vejación sistemática que se da en los reclusorios, considerados universidades del crimen”.
Refirió que la CNDH denunció que las mujeres recluidas en cárceles mexicanas enfrentan situaciones que van en contra de su dignidad y seguridad, debido a un sistema dirigido a la población masculina, y no se toma en cuenta a los niños y niñas al imponer sanciones penales a sus madres.
En su participación, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) enfatizó que los hijos e hijas de las mujeres reclusas permanecen al cuidado de éstas por dos razones: las madres así lo disponen y porque no existe opción para que los menores de edad queden al cuidado de otros familiares.
Sostuvo que “toda nación debe reconocer el resguardo y cumplimiento de los derechos de las niñas y niños como algo fundamental para proteger el periodo de la infancia, una etapa totalmente diferenciada de la edad adulta, a fin de construir un tiempo en el que éstos puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse a plenitud.”
En su turno al podio, Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) recordó que en junio de 2011, la Constitución fue reformada de manera histórica para incluir los derechos humanos. Fue, agregó, “una gran evolución legislativa y un desarrollo positivo a nivel internacional”.
De esta manera se estableció la organización del Sistema Penitenciario sobre la base de los derechos humanos. La CNDH en su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2011, observó deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en los centros, “por lo que la presente iniciativa refleja la preocupación del Poder Legislativo para resolver el problema”, aseguró.
Por último, Francisco González Vargas (PRI) dijo que su grupo parlamentario no ignora que las mujeres son doblemente estigmatizadas al caer en reclusión, “pues su comportamiento resulta aborrecible para una sociedad que califica ‘con doble rasero’ a hombres y mujeres, a pesar de que estén ubicados en un mismo supuesto”.
Sostuvo que la propuesta “es una medida humanista que permitirá tanto a las mujeres como a sus menores, sobrellevar el internamiento, permitiendo así la posibilidad de una verdadera readaptación, cumpliendo de esta forma con lo previsto en nuestra Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales”.
Al término de la discusión del dictamen, aprobado y turnado al Senado para sus efectos constitucionales, el Presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, dio por concluida la sesión del día, y citó a los legisladores para asistir a la que tendrá lugar este próximo 5 de septiembre a las 11:00 horas.
=Cámara de Diputados=
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