Foto: CNN México
En la mesa Alternativas de Regulación del Foro Políticas Públicas en materia de drogas para la ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez, dijo que la ciudad podría dar pasos profundos poniendo el énfasis en el tema de salud y la educación.
Además de estos temas, añadió, hay otras oportunidades en términos de regulación para la ciudad de México. “Desde la CDHDF se ha advertido una preocupación sistemática desde hace varios años y es que no contamos con una política integral para las y los jóvenes en la ciudad, vemos que una vinculación fuerte del Gobierno con los jóvenes es la Policía”.
Dijo que cuando se habla de una política integral en donde la misma Asamblea tiene en la agenda legislativa una posible Ley para las y los jóvenes, “un eje transversal podría ser el tema del acceso a las drogas y el tratamiento en la ciudad, junto con el de salud pública, asociada a la atención y prevención de adicciones, y a la educación”.
Aseveró que la criminalización de los usuarios es un asunto delicado para la ciudad y para el país; “hay que dilucidar si es viable el cuestionar el tema de los gramajes y revisar las prácticas jurídicas para establecer los candados que realmente tutelen el derecho a la igualdad y no discriminación”, sugirió.
Planteó que hay un esquema de estigmatización y de discriminación asociado con los usuarios, entre otras cosas porque las drogas son lícitas.
Señaló que en el nuevo Código de Procedimientos Penales de la ciudad (que tendrá efecto a partir de enero de 2015) ya se regula la figura del juez para el tratamiento de adicciones. Sin embargo, consideró que hay que dar un debate informado y público en torno a las Cortes y los Tribunales de Drogas, y determinar si es la alternativa para la ciudad.
Dijo que estas figuras han generado críticas e impugnaciones porque el tratamiento no es voluntario, y en países como Estados Unidos y Colombia no han desincentivado el uso y no han despresurizado el sistema penitenciario.
Mencionó que algunas experiencias comparadas de los Tribunales o Cortes de Drogas, como en los Estados Unidos, los datos que se desprenden es que se genera una suerte de discriminación, sobre todo a las personas que son afroamericanas, que son especialmente a quienes se somete a los tratamientos.
Recordó que la política prohibicionista se fraguó entre los años 60 y 70, una alineación global de 180 países, que pone el énfasis en la ilegalidad de las drogas y las políticas de criminalización del uso de las policías y en el derecho penal, y no se da prioridad a la salud pública, acceso a la información y la educación.
“De tal suerte que las políticas asociadas con las drogas se centran en el derecho penal y no en la figura de los usuarios de las drogas”, sostuvo y aseveró que no queda duda del fracaso del modelo del paradigma prohibicionista, porque hoy las drogas son accesibles, particularmente a las y los jóvenes y a todos quienes quieren tener acceso a éstas.
Expuso que desde la perspectiva de los derechos humanos habría que separar toda la política de combate a las organizaciones al crimen organizado asociadas con el tema de drogas, de las políticas públicas sobre el uso de las drogas.
Apuntó que si sólo se pone el énfasis en el derecho punitivo, el riesgo es criminalizar a los más débiles, y esa es la historia de los usuarios en la ciudad de México y en el país. Recalcó que la regulación no ha sido efectiva, no sólo porque los gramajes son ínfimos, sino por la política de criminalización asociada con los usuarios.
Participaron también, el Director del Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, Rafael Camacho Solís; el Secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Fernando Belaunzarán, y Rafael Santana Solano, del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
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