Las instalaciones del penal se encuentran sin higiene, ni servicios médicos adecuados
Foto: Polígrafo Digital
En los centros penitenciarios femeniles existe sobrepoblación, falta de servicios adecuados, y capacitación inadecuada del personal, entre otras graves deficiencias, lo que representa una severa violación a los Derechos Humanos (DH) de las reclusas, y se vuelve imposible cumplir con el objetivo de la reinserción social.
Así lo denunció la senadora por el PRD Angélica de la Peña luego de realizar visitas de trabajo a diversos centros penitenciarios federales y estatales –como parte de la labores de la Comisión de DH del Senado–, y que iniciaron en el Centro de Reclusión Femenil de Santa Martha Acatitla.
En un comunicado, la legisladora denunció que las mil 684 internas del Centro Femenil, además de cumplir la pena que les fue impuesta, se enfrentan a severas agresiones y violaciones a sus DH en razón a su condición de género.
Las internas viven en hacinamiento, cuentan con servicios médicos deficientes y poca higiene dentro de las instalaciones, lo que tiene consecuencias negativas para su salud y bienestar físico y mental.
“Es obvio que los DH no son respetados en ningún momento. La actual política es de castigo, violencia, no de reinserción social”, consideró De la Peña.
En ese contexto, recordó que se pretende abatir los altos índices de criminalidad otorgando penas más duras y sumando penas por diversos delitos, lo que ha derivado en sentencias de hasta 200 y 500 años de prisión.
Sumado a ello, a nivel federal el 90 por ciento de la población en penales tiene condenas en promedio de 15 años, lo que significa que en poco tiempo podrían recuperar su libertad alrededor de 200 mil personas, que “estarán profundamente resentidas por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en la prisión”.
Por esta razón, la senadora llamó a los integrantes de la Comisión de DH del Senado a que dentro del proceso de elaboración y análisis de una nueva ley de ejecución penal se tomen en cuenta los testimonios de las y los reclusos que dan cuenta de las severas problemáticas y violaciones que padecen para así ajustar la legislación a los estándares más altos en materia de derechos.
Expuso que las autoridades quedaron rebasadas por los fenómenos de sobrepoblación y corrupción, e incluso han permitido una especie de cogobierno con las y los internos que –como se pudo observar– en algunos casos cobran cuotas para brindar protección o facilitar el acceso a ciertos servicios.
“Garantizar el elemental respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad es una obligación del Estado y una inversión que tiene como objeto proteger a la sociedad”, puntualizó.
=CIMAC=
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