El Ombudsman de los contribuyentes reconoció que la Reforma Hacendaria se integra dentro de una política social al proponer la reforma constitucional a los artículos 4 y 123 para que en México adquieran pleno vigor derechos humanos fundamentales como son la pensión universal y el seguro del desempleo.
El artículo 1o Constitucional en su nuevo texto establece como derechos humanos los reconocidos en los tratados internacionales firmados por México. El Convenio 102 de la OIT, sobre la norma mínima de seguridad social, establece que los Estados miembros deberán garantizar a las personas, prestaciones tanto de desempleo como de vejez. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se establece que: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa.
En el país existe una marcada desigualdad social, por lo que en términos macroeconómicos la política fiscal apunta a un rumbo correcto, afirmó. Los impuestos se basan precisamente en el deber de solidaridad social, eje de la cultura y de la moral contributiva, para que toda la sociedad persiga el mismo objetivo.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente insistió en el reconocimiento al mínimo existencial o vital, como derecho humano fundamental a una vida digna de las personas en edad de retiro; tema que incluso ha llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En opinión de Prodecon, la propuesta de reforma fiscal cumple con esta premisa. Señaló expresamente que: “El mínimo vital no debe estar solamente en el plano recaudatorio sino en la redistribución de la riqueza y un pacto social por México… Debe tenerse mayor recaudación para lograr mayor gasto social y una mayor redistribución de la riqueza”.
Nuevos derechos en auditorías
Actualmente las auditorías pueden durar desde 12 hasta 18 meses, en algunos casos, y todavía concluidas el fisco cuenta con un plazo más de seis meses, para comunicar el adeudo. Las formas para autocorregirse hoy son acotadas, pues el pagador de impuestos tiene que esperar hasta que concluya la revisión.
Otro punto gravoso es que hoy no se prevé una comunicación directa entre autoridades y sujetos revisados, lo que dificulta consensos sobre hechos auditados, se mencionó.
Con las nuevas reglas que se proponen en la reforma, según Prodecon, se incorpora una ágil y moderna revisión electrónica sobre temas o rubros específicos. El SAT dará a conocer una pre-liquidación de adeudos al contribuyente y en un procedimiento sumario de 15 días para garantía de audiencia y 40 para emitir el adeudo definitivo, se concluye la fiscalización.
Además se establece que en todo caso, las autoridades estarán obligadas a contactar directamente al contribuyente, su representante legal o a los órganos de dirección de las sociedades para darles a conocer el curso de la auditoría.
El contribuyente auditado podrá autocorregirse en cualquier momento y proponer además su propio proyecto de pago en parcialidades, fijando fechas y montos, se agregó.
Finalmente, en cualquier momento de la revisión, el pagador de impuestos podrá acudir a Prodecon para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, mediante una propuesta que la Procuraduría notificará al SAT. En caso de darse el acuerdo, el contribuyente podrá corregirse y obtener hasta el 100% de reducción de las multas.
Como lo ha recomendado la OCDE, en México, con la propuesta de reforma se está transformando el procedimiento de auditoría, haciéndolo más ágil y permitiendo una conclusión aceptable para ambas partes, lo que redundará no sólo en beneficio de los pagadores de impuestos, sino que permitirá una recuperación más oportuna de las contribuciones que efectivamente se adeuden.
Prodecon recordó que ha insistido en la importancia de construir una nueva relación más transparente y ágil entre fisco y pagadores de impuestos, a lo que claramente apunta la iniciativa del Ejecutivo en ese tema.
=Prodecon=
Comentarios recientes