Foto: El Porvenir
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y con la unanimidad de 455 votos a favor, el dictamen que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de los estados y municipios.
El dictamen devuelto al Senado de la República para efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, excluye el inciso 4 de la fracción VIII del artículo 73, toda vez que en lo particular y en términos del dictamen no alcanzó la mayoría calificada, pues obtuvo 262 votos, 3 abstenciones y 190 en contra.
El presidente de la Cámara de Diputado, Ricardo Anaya Cortés, explicó que habiéndose emitido 455 votos, se requerían 303 a favor para alcanzar la mayoría calificada, por lo que en virtud de que no se alcanzó, ese inciso quedó excluido del proyecto de decreto.
Este párrafo facultaba al Congreso de la Unión a sancionar o, en su caso, objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías, en un plazo máximo de 15 días hábiles y a través de una Comisión Legislativa Bicameral.
Con lo aprobado por los diputados, se establecen reglas y controles para una administración responsable que evite el sobreendeudamiento y, en caso de abusos, se sancione a los responsables.
Para ello, se introduce un nuevo principio constitucional que mandata al Estado para que vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Asimismo, se faculta al Congreso para dar las bases por las que el Titular del Poder Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar los empréstitos, reconocer y pagar la deuda pública. Asimismo, establece las bases para regular la deuda pública de los estados, del Distrito Federal y los municipios.
También, los diputados acordaron autorizar al Senado de la República remitir a las legislaturas de los estados el proyecto de decreto únicamente con los artículos aprobados por ambas cámaras.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), expresó que actualmente la deuda pública no está sujeta a evaluación, rendición de cuentas ni a la participación de la opinión pública, e incluso se observó que los malos manejos contribuyeron a que algunas entidades se endeudaran en forma irresponsable.
Por esta razón, dijo, se incluye en la Constitución Política un mecanismo para que las entidades federativas y los municipios contraten deuda de una manera disciplinada y ordenada.
“No se trata de poner impedimentos o limitar la adquisición de deuda, sino que ahora cada estado o municipio deberá ceñirse a las leyes secundarias que establecerán las bases generales para incurrir en el endeudamiento”, afirmó.
Moreno Rivera argumentó que con esta reforma se avanza en materia de transparencia, ya que los gobiernos estarán obligados a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único.
Sostuvo que ahora la ciudadanía podrá conocer los montos de deuda que se contratan, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente de pago.
En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) pidió sumarse a la reforma toda vez que fortalece las finanzas públicas federal, estatal y municipal, y garantiza la capacidad económica en los tres órdenes de gobierno para impulsar políticas sociales que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad.
“Alejemos cualquier mezquindad política o argucias jurídicas y contribuyamos efectivamente a sentar las bases constitucionales y legislativas para un manejo adecuado de las finanzas públicas de los estados y municipios, garantizando con ello mejores condiciones de vida para los actuales y futuros mexicanos”, añadió.
Del PT, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez sostuvo que esta propuesta tiene como antecedente los excesos que ha habido en numerosas entidades como Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Jalisco, sobre su descomunal deuda pública.
Indicó que es urgente controlar el excesivo endeudamiento de estados y municipios. “No podemos permitir que este tipo de excesos siga dándose; toda vez que en 2008, 5 de cada 10 pesos de las participaciones de los estaban comprometidas para el pago de la deuda, y hoy esto ha subido a 8 de cada 10 pesos”.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) argumentó que actualmente el monto de la deuda de los estados y municipios en el país asciende a más de 443 mil millones de pesos, y que casi 100 ayuntamientos presentan niveles de endeudamiento que rebasan todo su presupuesto anual, de los cuales solamente 25 concentran más del 50 por ciento.
Mencionó que en el país ha habido un endeudamiento irresponsable, criminal y que no se justifica en obra pública, programas de infraestructura y de desarrollo social. “Continuar con estos endeudamientos es seguir solapando la impunidad”.
A su vez, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) precisó que con esta misma se faculta al Congreso para establecer los cauces y los límites, a través de los cuales las entidades podrán contratar deuda pública.
Por ello, dijo, se deben establecer cauces y directrices, así como armonizar reglas para que el país completo, las entidades de la federación y los municipios puedan actuar correctamente en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento económico del Estado.
El diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) resaltó que con estas modificaciones se contribuirá a poner freno a los abusos de algunos gobiernos que de manera irresponsable hipotecaron el futuro de varias generaciones, pues se acortó el crecimiento desproporcionado de la deuda que se había acelerado en cinco estados y 22 municipios.
Subrayó que la deuda local ahora tendrá un esquema más justo; se alienta su uso para impulsar el desarrollo de los municipios y de las entidades; prohíbe su uso para financiar el gasto corriente, y acota el manejo de la deuda de corto plazo para que no se contrate en los últimos tres meses de cada administración y se evite la práctica de trasladar esas deudas de una administración a la siguiente.
Por Acción Nacional, el diputado Damián Zepeda Vidales refirió que tan solo en ocho años las deudas de los estados y los municipios se han triplicado en el país, pues se pasó de 147 mil millones de pesos a 436 mil millones.
Este dictamen, dijo, va a establecer reglas claras para generar una Ley en Materia de Deuda Pública que homologue los criterios y siente las bases para poder contratarla, a nivel nacional. “Debemos promover finanzas responsables y sanas, y acabar con ese paraíso en el que estaban, desgraciadamente, nuestros gobernantes”.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI) destacó que es una prioridad que la adquisición de empréstitos no se traduzca en endeudamientos que traigan desequilibrios para los estados y los municipios, sino que debe constituir una forma de financiamiento extraordinaria dirigida a ejecutar aquellos proyectos que requieran de recursos que no podrían conseguirse a través de la recaudación.
Con esta reforma, añadió, los funcionarios públicos, no podrán disponer de las rentas sin responsabilidad. “No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
En lo particular, no fueron aceptadas las reservas impulsadas por los diputados Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) y Ricardo Villarreal García (PAN) al artículo 73, fracción VIII, inciso 4.
=Cámara de Diputados=
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