Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública
Foto: La Jornada Michoacán
En el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía, se reunieron con el secretario de Educación Púbica, Emilio Chuayffet Chemor, para conocer a detalle la política educativa implementada por la actual administración.
Al inicio de la comparecencia, los legisladores enfocaron sus preguntas en torno a la Reforma Educativa y al movimiento magisterial disidente.
El titular de la SEP destacó que la reforma constitucional apenas comienza y que no hay marcha atrás. El Estado, dijo, recuperó de los poderes fácticos la rectoría en la materia y resaltó que continuamente escucha a quienes critican la reforma, pero nunca a nadie que defienda a los niños que no tienen clases desde hace más de 50 días.
“Todos hablan de las líneas inerciales del presupuesto, de los rezagos, pero no se alza ni una sola voz a favor de los niños que no tienen clases cuando el interés superior de la infancia es la educación, por mandato constitucional en el artículo 4º. Ése es un derecho que al mismo tiempo es tutela del futuro de la República. No se vale que en la protesta se castigue a los niños privándolos de la educación, y menos a los niños más pobres de México”, dijo.
Asimismo, mencionó que como parte de la Reforma, se revisará el modelo educativo, los planes y programas de estudio así como el fortalecimiento de las escuelas normales.
Previo a ello, el presidente de la Comisión de Educación, Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), indicó que la Reforma Educativa y las leyes en la materia por sí solas no son suficientes para modificar la difícil realidad que enfrentamos en materia social.
No obstante, agregó, “constituyen la primera etapa de lo que debe ser una reforma integral en materia de educación que nos lleve a mejorar los niveles de desarrollo de toda la población”.
En consecuencia, dijo, impulsar este debate implica discutir y modificar los casos más álgidos del sistema educativo, como son: la reforma profunda y la refundación del sistema de educación normal, el esquema laboral y de pagos a los maestros, la redistribución regional del gasto educativo, la inversión en infraestructura y en la coyuntura actual, la reconstrucción de los planteles escolares afectados por los recientes desastres naturales.
Subrayó que hoy estamos en un momento histórico en el que existe la posibilidad, y por tanto, la responsabilidad, de impulsar a las futuras generaciones para que cuenten con mejores condiciones de vida.
Por su parte, la diputada Margarita Saldaña Hernández (PAN), presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se pronunció por que se brinde un mayor apoyo a la cultura. Mencionó que México fue, a nivel mundial, el primer país que enmarcó en su Constitución, en 1917, el vocablo cultura. Sin embargo, fue de los últimos en reconocerla como un derecho hace apenas 4 años.
Agregó que en la Cámara de Diputados no se plantea arrebatar nada a la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, invitó al análisis para valorar la conveniencia de hacer, del subsector cultura, parte de una ley reglamentaria y mayores facultades para la promoción y difusión de esta materia.
El presidente de la Comisión de Deporte, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (PRI) refirió que en los últimos años ha crecido de forma alarmante el problema de sobrepeso y la obesidad en casi toda la población mexicana y lo más grave aún, que uno de cada tres niños en edad escolar sufre de estos padecimientos.
De acuerdo con estudios de la Comisión de Deporte, dijo, el promedio de clases de educación física y, por ende, de activación escolar es de sólo dos sesiones a la semana, cuando se recomienda una sesión diaria.
Cuestionó la desaparición de la Dirección General de Educación Física en el Distrito Federal, pasando sus funciones a la Dirección General de Operaciones de Servicios Educativos, además de preguntar qué tiene programado la Secretaría de Educación Pública para atender el grave problema de obesidad y sobrepeso.
En la ronda de posicionamientos, al fijar el de su grupo parlamentario, el diputado Arnoldo Ochoa González, del PRI, consideró que la Reforma Educativa no es cualquier reforma porque rompe inercias, toca intereses y es de calidad. Rechazó que esta vaya en contra de los derechos laborales de los trabajadores docentes.
Por el contrario, busca eliminar las malas prácticas del ingreso y la promoción; acabar con el influyentismo, la herencia de plazas, los actos de corrupción por venta de las mismas o el otorgamiento de cargos de dirección o de supervisión a cambio de favores políticos.
Agregó que la evaluación se hace obligatoria porque un sistema educativo que no se evalúa pierde esencia y dirección. Agregó que la propuesta del Ejecutivo no nació de una ocurrencia, sino que fue una demanda de los ciudadanos, apoyada de manera amplia por las fuerzas políticas que participan en el Pacto por México.
Dijo estar consciente que se tienen que respetar los derechos laborales, pero también debe hacerse con los derechos de la niñez y de la juventud, en particular, para tener un sistema educativo de calidad “y por lo menos, que tengan clases de manera permanente”.
María Guadalupe Mondragón González, del PAN, señaló que a México le urge contar con educación de calidad y ese alto propósito sólo se logrará si se mantiene el tránsito en el marco de una democracia de consenso así como una relación constructiva y de respeto entre los representantes populares y el Ejecutivo.
Agregó que las niñas y niños, adolescentes y jóvenes de México, tienen derecho a una educación de calidad y para acelerar los beneficios de la reforma es necesario clarificar su contenido. “Nunca existió la intención del Congreso afectar los derechos adquiridos de las y los maestros de México; tampoco la hubo en el proceso de construcción del consenso base en el seno del Pacto por México”.
Añadió que los decretos expedidos son fiel reflejo de la voluntad de respeto, en particular el octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Pidió una revisión de las partidas presupuestales para crear, organizar y extender las escuelas para padres por todo el país, renovar el modelo educativo y la actualización de las escuelas normales para mejorar sustancialmente los perfiles de los egresados.
Juana Bonilla Jaime, del PRD, planteó la urgencia de que se revaloren las leyes de la reforma educativa, a fin de que en las vías del diálogo y la negociación se respeten los derechos laborales y de seguridad social del magisterio.
Sostuvo además que esta no es una reforma educativa, sino un paquete de modificaciones en materia laboral, que impacta directamente al gremio magisterial, más no al sistema de educación, en este sentido, dijo, la gran preocupación es cómo se van a integrar los modelos, los programas y los componentes para superar las carencias que presenta dicho sistema y, “entonces sí, evaluar con equidad”.
Se refirió de igual forma a los 117 errores ortográficos que se han detectado en los libros de texto, lo que evidencia, dijo, el descuido y abandono de la producción de los contenidos pedagógicos, didácticos, ortográficos y de diseño. “La problemática de estos libros de texto no es un tema de asuntos, puntos y comas, se trata de una intervención de fondo en la construcción de los contenidos que responda a los nuevos paradigmas educativos”.
Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) resaltó que el Congreso de la Unión aprobó por mayoría una Reforma Educativa de importante alcance histórico, misma que ya fue promulgada por el Ejecutivo federal, y que no tiene reversa. No obstante, abundó, el reto se encuentra en procesar las resistencias y las diferencias en torno ésta, con una visión democrática.
Consideró que la tentación autoritaria y represiva no es la salida, porque además es contraria al espíritu de la transformación educativa. Convocó a un ejercicio de ética de la responsabilidad, porque es falso, dijo, que la Reforma constitucional atente en contra de los derechos laborales de los docentes y vulnere el espíritu histórico de la educación pública o pretenda privatizarla.
Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, opinó que la reforma a los artículos 3º y 73 constitucionales han provocado un conflicto de gobernabilidad en el sistema educativo, y un verdadero enredo político, ya que va orientada a renovar los mecanismos de corporativismo sindical del más viejo cuño sobre el trabajo y el salario del magisterio y por encima de una verdadera reforma educativa.
Cuestionó si lo que se pretende es reproducir y mantener un sistema obsoleto, ineficaz, desigual e inequitativo durante todo el sexenio, ya que con evaluaciones periódicas hacia los maestros no se podrá cambiar mucho. “Una reforma educativa y no de fachada como la que fue aprobada. No tiene ninguna referencia ni de pedagogos ni de pensadores importantes de la educación y su única referencia son los esquemas, enfoques por competencias y una vetusta teoría sobre el capital humano, ya en desuso, criticada y superada”.
Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, consideró que los cambios en materia constitucional y legal no conducen a una profunda y verdadera reforma educativa, sino que ésta es una modificación legal, administrativa y laboral. Nuestro país, dijo, viene de tres décadas de políticas educativas erráticas, contradictorias y con programas que sólo terminaron en dispendio de recursos públicos.
“Son 30 años en los cuales se ha buscado minar al sistema educativo público, en el cual se toleró la corrupción de la dirigencia nacional en razón de que éste avalaba las políticas de los gobiernos neoliberales y la venta de plazas. Se ha privilegiado un modelo educativo que genera cuadros técnicos, personal competitivo para labores de maquila y ciudadanos acríticos”, subrayó.
Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, destacó que la educación y la reforma en la materia han sido temas recurrentes en los últimos meses y generado opiniones tanto a favor como en contra. Para Nueva Alianza, dijo, el Congreso de la Unión cumplió con su tarea de aprobarla y toca el turno del Ejecutivo federal para cumplir cabalmente con su aplicación.
Sin embargo, reconoció que esto no será posible si las condiciones presupuestarias siguen como hasta ahora. “Sabemos que la aplicación de esta reforma será lenta, técnicamente compleja, políticamente costosa y presupuestalmente desafiante. Hay rezagos en analfabetismo, en cobertura, acceso a la educación básica y aún más, en la educación media superior.
En la ronda de preguntas, Sonia Rincón Chanona (NA) preguntó si la dependencia cuenta con un diagnóstico sobre la situación que guarda la infraestructura física de las escuelas.
Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, se refirió a la preocupación en torno al futuro de las escuelas Normales, que históricamente han sido formadoras de docentes.
Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, dijo que la SEP amenza con represalias en contra del Magisterio disidente como es el caso de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Chiapas y otros estados.
Mónica García de la Fuente, del PVEM, destacó que en México, 5.4 millones de personas no saben leer, ni escribir, lo que representa un problema que lastima, margina y aísla a sectores desfavorecidos, en particular de las áreas rurales, comunidades indígenas y con mayor frecuencia las mujeres.
Roberto López González, del PRD, preguntó cómo se pretende alcanzar la meta de un 40 por ciento de cobertura en educación superior en los próximos seis años si sólo se destina mayores recursos a las universidades del centro del país y se descuidan las de los estados.
Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN, consideró que el gobierno tiene entre sus metas lograr la cobertura de educación media superior en un 80 por ciento para 2018 y 100 por ciento en 2021. En este sentido, cuestionó ¿por qué gravar con IVA la educación? Dijo que la educación no debe ser equiparada con un refresco o con un chicle, ni siquiera por el nivel de ingresos de una familia, es un derecho universal de cualquier persona. “Tasar con IVA la educación es discriminación”.
María de Jesús Huerta Rea, del PRI, señaló que para muchos la reforma es más que educativa, un ajuste administrativo y laboral. Por lo que preguntó ¿Cómo va a analizar el modelo educativo nacional de acuerdo con las pláticas y acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Y si la reforma planteada es realmente educativa o es más bien administrativa y laboral.
A su vez, los diputados José Angelino Caamal Mena (NA) Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT), Zuleyma Huidobro González (MC), Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) Roberto López Rosado (PRD), Raquel Jiménez Cerrillo (PAN) y Denisse Ugalde Alegría (PRI) abordaron temas relacionados con el sector educativo y el cultural.
En su exposición inicial, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, explicó el estado que guarda la educación en los primeros 10 meses de la actual administración. Indicó que el Sistema Educativo Nacional ha comenzado su transformación con casi 36 millones de alumnos y que la cobertura en educación básica es del 96 por ciento.
Agregó que se ha echado a andar el Programa de Escuela Digna para que los planteles cuenten con agua, luz, mobiliario e instalaciones decorosas; se han duplicado las escuelas de tiempo completo, pasando de 6 mil 700 a 15 mil 300 y que están por otorgarse 240 mil computadoras a otros tantos alumnos de los estados de Sonora, Colima y Tabasco.
También señaló que se otorgan 5.2 de los ocho millones de becas. Se entregaron más de 5.6 millones de libros de texto gratuito y las series Biblioteca escolar del aula indígena y Materiales de nueva generación.
El Conafe atendió a un total de poco más de 44 mil alumnos indígenas en cuatro mil 415 servicios de educación básica, en tanto que el INEA ha reorientado este año sus acciones dentro del sistema nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
La educación media superior, que apenas se hizo obligatoria, hoy tiene una cobertura del 66 por ciento y el 45 por ciento del total de su matrícula. La educación superior representa el 9.4 por ciento de la matrícula del sistema educativo nacional; y con sus 3.3 millones de alumnos, significa una cobertura de 28.6 por ciento del grupo de edad de 18 a 22 años.
En sus respuestas a los legisladores, el secretario Emilio Chuayffet resaltó que con relación a las sanciones para los maestros disidentes, corresponde a las autoridades educativas locales hacer cumplir, sin excepción alguna, las nuevas leyes vigentes y aseguró que para hacer prevalecer la educación de calidad y de equidad las normas no son negociables.
Mencionó también que no hay un diagnóstico de infraestructura educativa en la Secretaría y los datos que se tienen son de hace 30 años.
En este sentido, indicó que el 26 de septiembre dará inicio el censo nacional de escuelas, maestros y alumnos, para conocer no sólo cuántas unidades de cada uno de estos tres géneros existen, operan, sirven y aprenden en el país, sino saber el estado físico de los planteles.
“Hasta 2015 tendremos los de educación media superior y en 2016 los de educación superior”.
En cuanto la inversión en infraestructura, dijo que existe el Programa de Escuela Digna, que tiene a su cargo la construcción de 28 mil escuelas en este sexenio, mismas que estarán en las zonas marginadas e indígenas del país.
En relación al diálogo con grupos de maestros que han manifestado su inconformidad con la reforma, resaltó que se ha dado. No a través de la Secretaría de Educación, sino de la Secretaría de Gobernación y antes de la aprobación de las leyes se dio en las comisiones una serie de audiencias.
“Comenzamos con una gran incertidumbre en los maestros, pero ésta ha ido cada día desapareciendo en la medida en que hemos explicado que no se tocan los derechos constitucionales adquiridos”, dijo.
Por lo que respecta al número de analfabetas, el funcionario destacó que son 13 millones de mexicanos que, o no saben leer y escribir, o son analfabetas funcionales; y 18 millones más que no terminaron la educación básica; es decir, un total de 31 millones.
El año que entra, informó, se movilizará a un millón 200 mil alfabetizadores, en su mayoría pasantes de las escuelas universitarias.
Con relación a las escuelas de tiempo completo, señaló que habían seis mil 300 y ahora son 15 mil. El costo fue de seis mil millones de pesos y el presupuesto para el año que entra es un presupuesto más allá de los ocho mil 500 millones de pesos Es decir, explicó, llegaríamos a 24 mil en el segundo año de gobierno. El Presidente ofreció 40 mil al término de su gobierno.
En torno a la educación superior, coincidió en que ha habido discrecionalidad en la distribución de los recursos pero se tiene que ascender a un sistema de planeación y programación del gasto en colaboración con la ANUIES.
“Cómo vamos a hacerle para aumentar el millón de alumnos que tenemos que lograr en seis años para pasar del 29 o 31.2 con lo no escolarizado al 40 por ciento de cobertura. Vamos a tener que destinar presupuesto para crear nuevos planteles, entre 78 y 80 en el sexenio, 30 por ciento de ampliación de los ya existentes, 20 por ciento para aprovechar mejor los que ya están instalados y el resto para las modalidades no escolarizadas”, dijo.
Sobre las escuelas dañadas por los fenómenos meteorológicos dijo que eran 43 mil afectadas en su operación. Dañadas físicamente 2 mil 150 clasificadas en dos tipos de daños; el daño grave o total o en alto riesgo que son 16; seis en Guerrero, cuatro en Oaxaca, cuatro en Morelos y dos en Hidalgo.
Respecto de la carrera magisterial, afirmó que será respetada y quienes obtuvieron a través de ella una serie de estímulos se mantendrán las nuevas reglas.
Se refirió también al IVA en las colegiaturas de la educación privada. Dijo que mal que bien, este sector educativo “nos ayuda con más de 42 mil escuelas en este país, a atender cobertura. Las tenemos que sujetar igual a las mismas reglas de evaluación, porque no están sujetas. Tienen que entrar a las mismas reglas, pero creo que la educación debe ser fomentada”, concluyó.
Finalmente, indicó que la cultura es un tema central porque hay que reconocer que hemos llegado tarde a este concepto; que nuestra brecha cultural hace que México tenga rezagos en muchos otros rubros de la vida cotidiana. “Eso, si no lo reconocemos, tendríamos que empezar a aprender diagnóstico de agnosia”.
=Cámara de Diputados=
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